4/12/09

Magyarosi fue ejecutado

El Gobierno de Hungría envió a Bolivia, el 13 de noviembre, una solicitud formal para conocer el informe oficial aprobado por la Cámara de Diputados sobre el supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz y el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas, que resultó en el desbaratamiento de una supuesta célula terrorista y la muerte de Eduardo Rózsa (boliviano-húngaro-croata), Árpád Magyarosi (rumano-croata) y Michael Dwyer (irlandés).
La información fue dada por el diputado Pablo Banegas, que, junto a su colega Bernardo Montenegro, se encuentra en Hungría buscando más datos sobre el polémico operativo, cuyo informe en conclusiones aprobó la Cámara de Diputados con la disidencia de los diputados de oposición.
Banegas señaló que ayer se entrevistaron con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, entre ellos el ex embajador húngaro en Argentina Mátyás Józsa, que ahora es director del Departamento de Seguridad e Información Tecnológica del Ministerio de RREE. También se encontraron con la madre de Árpád Magyarosi y su abogado, quienes le dieron a conocer antecedentes del fallecido y de su amigo Elöd Tóásó, arrestado en el mismo operativo y preso en San Pedro. A decir de los parlamentarios, Magyarosi y Tóásó, como se ha dicho varias veces, no cuentan con antecedentes penales en Hungría, peor en casos de terrorismo, en un país donde las autoridades son muy celosas en investigar estos nexos.
Según las averiguaciones, Magyarosi y Tóásó no tenían conocimientos sobre armas, ya que ni siquiera hicieron el servicio militar. Tóásó tuvo una operación a corazón abierto de niño y Magyarosi nació en Rumania, por lo que ambos estaban exentos de esa obligación.
Las autoridades húngaras también han señalado que ellos no saben cómo el Ministerio Público y la comisión parlamentaria boliviana señalan antecedentes de los supuestos implicados en terrorismo sin dar a conocer sus fuentes, algo que, según ellos, resulta fundamental en cualquier investigación.
Otra cosa que se pudo conocer es que Magyarosi entró en el país con una visa por 90 días, que le fue otorgada en Austria, ya que en Hungría no existe una representación boliviana, pero que hasta el momento ni el informe parlamentario ni el Gobierno boliviano han dicho algo al respecto.
“Vamos a seguir indagando. Tenemos pactado un encuentro con la novia húngara de Rózsa y con el periodista Andras Képés y su abogado”, dijo Banegas.
Képés fue el que le hizo una entrevista a Rózsa el 8 de septiembre de 2008, en la que supuestamente éste le confirmaba que venía a Santa Cruz a pedido de personas que le solicitaron formar un grupo de autodefensa de la región y posiblemente independentista.

Experto magiar señala que fue una ‘ejecución’
El perito húngaro en la Policía Especial de Operaciones Peter Tarjányi reveló que el cadáver de su compatriota Árpád Magyarosi tenía una bala en el cuerpo cuando lo regresaron de Bolivia y con esa evidencia podrán rastrear el arma de la persona que lo ejecutó.
También observó que tiene signos de tortura en el cuerpo, como golpes en la nuca, la espalda y el tabique nasal destruido por la fuerza de los golpes recibidos cuando aún se encontraba con vida.
“Veo claramente que él se entregaba a la policía de seguridad y levantaba las manos, por eso, observando el ángulo de las balas, se ve que una de ellas entró en su parte inferior del brazo mientras tenía las manos levantadas”, agregó Tarjányi, que también se reunió con los diputados Banegas y Montenegro.

Parte húngaro

- El experto húngaro en la Policía Especial de Operaciones Peter Tarjányi afirma que a Árpád Magyarosi le abrieron fuego en tres tiempos diferentes y desde distintos ángulos los siete balazos que acabaron con él desangrado.

- Señala que en las operaciones policiales normales que el objetivo y el procedimiento de la operación policial se establece siempre en la fase de planificación.

- La Policía antes de entrar en acción siempre sabe qué hacer, capturar o matar al sospechoso. En el caso Magyarosi, parece que el comando entró en la habitación con instrucciones claras para matar, señala el perito húngaro.

2/11/09

Costa parte del grupo la torre

La Prefectura de Santa Cruz era parte del grupo La Torre y que presuntamente financió a la célula "terrorista" encabezado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, afirmó el viernes el ex Secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno departamental cruceño, Jorge Aldunate Salvatierra.

El propio Costas, desde Santa Cruz, reconoció que el grupo La Torre financió todas las movilizaciones en la capital cruceña, incluido el cabildo del millón organizado por el Comité Cívico para promover la autonomía departamental y el posterior referendo autonómico, calificado por el gobierno de Evo Morales de ilegal.

Asimismo, Aldunate señaló que la primera autoridad política del Departamento conocía acerca de la toma de instituciones públicas que llevaron adelante en agosto y septiembre del año pasado miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

"He formado parte del nivel ejecutivo de la Prefectura, no estaba de acuerdo con la toma de instituciones y los manifesté públicamente, a partir de eso me aislé de todo el esquema", aseveró el ex Secretario de Seguridad Ciudadana a tiempo de subrayar que hubo una participación activa de la administración prefectural en la confrontación con el gobierno nacional.

Solicitud de investigación internacional

El candidato a la Presidencia por Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se sumó ayer al pedido que hicieron algunos parlamentarios de que organismos internacionales realicen las investigaciones sobre los hechos acaecidos en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde fallecieron Eduardo Rózsa, Arpád Magyarosi y Micheal Dwyer.

“Un tema tan grave como es el del terrorismo no se está manejando de una manera seria, porque cada día hay más pruebas de que el Gobierno no está diciendo todo lo que sabe”, declaró a radio Panamericana. Esta situación es grave, añadió, porque países de la Unión Europea reclaman que se efectúe una investigación sobre la causa de la muerte por considerar que las víctimas fueron ejecutadas.

“Es un tema muy grave y es importante que el presidente Morales diga quiénes son los responsables y sean castigados con la ley”, señaló Doria Medina. El senador Wálter Guiteras (Podemos) pidió la intervención de representantes internacionales para darle credibilidad a la nueva pesquisa y anunció el viaje al exterior de dos comisiones de parlamentarios para informar sobre el asunto a esas instancias.

1/11/09

Marilin Vargas Villca - Alias Karem

Marilin Vargas Villca, alias “Karen”, policía de la desarticulada Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC), ofrecerá este 3 de noviembre una conferencia de prensa para aclarar su participación en el operativo del 16 de abril, informó su abogado.

“Karen” prestó declaración informativa el viernes ante el fiscal asignado a este caso, Marcelo Soza, en un inusitado hermetismo. “El señor fiscal, el doctor Soza, ha citado a la ciudadana ‘Karen’ (Marilin Vargas Villca), que es el alias que utiliza. Ella ha prestado la declaración dando cumplimiento a esta citación en calidad de testigo, no es sindicada ni investigada. Ratificada la autenticidad del video.

30/10/09

El video es autentico

El Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, avaló la autenticidad de las imágenes, pero no del audio del video en el que se muestra parte del operativo que acabó con la vida de tres supuestos terroristas, entre ellos Eduardo Rózsa. Fuentes policiales apuntan a que el material se filtra desde la propia Policía.
El miércoles se difundió, por diferentes medios, imágenes del video en el que se ve a uniformados armados y encapuchados. En una parte del material se muestra un arma debajo de la almohada de la cama de Rózsa y se oye una voz decir: “¿De dónde has sacado esa arma?”, y la respuesta es: “De ahí, del cuarto siguiente”.

Éste y otros elementos de las imágenes inducen a concluir que se habría sembrado evidencias en las habitaciones de Rózsa y de sus cómplices.

Rada convocó a una conferencia de prensa para responder a estas dudas dejadas por el contenido del material que, según dijo, lo filmaron los mismos integrantes del operativo. “Las imágenes que observan en ese video son reales y corresponden al operativo realizado en el hotel Las Américas (el 16 de abril), sin embargo, ese video está sospechosamente editado”, afirmó.

Fuentes policiales del servicio activo y de diversa graduación reconocieron que, por la información que se tiene hasta el momento, el material estaría siendo filtrado desde la misma Policía, aunque manejan varias hipótesis sobre el porqué.

Fuentes de la indagación presumen que se filtra esta información porque parte del grupo que ejecutó el operativo se apropió del dinero de los terroristas y no lo

El ex presidente Jorge Quiroga, por el contrario, aseguró que las imágenes muestran que se sembró evidencias. “Los videos muestran que se han sembrado evidencias a posteriori para justificar una supuesta balacera, cuando lo que ha habido es claramente una ejecución sumaria”.

Desde Santa Cruz, el presidente del Senado, Óscar Ortiz, afirmó que no hay duda de que el caso terrorismo “va a acabar en un tribunal internacional porque es una ejecución sumaria por orden del presidente Evo Morales”.

El operativo acabó con la muerte de Rózsa, Árpád Magyarosi, Michael Dwyer, y la detención de Elöt Tóásó y Mario Tadic.

Los informes forenses y de balística establecen que los dos fueron ejecutados.

El grupo de Rozsa estaba infiltrado

Ayer en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, admitió que los organismos de Inteligencia infiltraron a la milicia de Eduardo Rózsa Flores y que un video conocido el miércoles es verdadero, aunque fue manipulado.

A partir de la exposición de tres videos en los que se ve a Ignacio Villa Vargas, conocido como el “Viejo”; al comandante de la disuelta Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC), Wálter Andrade, y a otras personas, el caso de presunto terrorismo dio un giro.

La oposición reiteró que el caso debe ser investigado por una instancia que asegure imparcialidad y que el Gobierno esconde la verdad.

La madrugada del 16 de abril, en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, un operativo policial efectuado por el grupo Delta y la UTARC abatió a Rózsa Flores y sus camaradas Árpád Magyarosi, rumano, y Martin Micheal Dwyer, irlandés, en tanto que Elöd Tóásó, rumano, y Mario Tádic Astorga, boliviano-croata, fueron detenidos.

En una entrevista concedida al periodista húngaro Andras Kepes y emitida después de la muerte del presunto mercenario, Rózsa Flores confirmó que había sido contratado para defender el departamento de Santa Cruz y, en caso de ser necesario, crear, por la fuerza, un nuevo país.

Rada dijo que la infiltración al grupo “no debe sorprender a nadie, ya que las cosas no se descubren al azar, hay una labor de investigación y de inteligencia sobre el grupo terrorista”.

Cuando se ejecutó el operativo, Rada se encontraba en Brasil, donde participaba en una reunión internacional de autoridades de seguridad y regresó el 18, cuando solicitó un reporte oficial sobre el caso.

“Las imágenes del video confirman los informes policiales, en el sentido de que hubo investigación e inteligencia sobre el grupo terrorista”.

Lo que se observa, en criterio de Rada, coincide con la información que recibió la autoridad y muestra que no hubo participación de extranjeros ni de militares en el operativo. Sólo intervinieron efectivos de la institución del orden y de los organismos de seguridad del Estado.

El video muestra la actuación de los uniformados en el hotel Las Américas de la capital cruceña después de la muerte de Rózsa Flores y cuando, aparentemente, los agentes “colocan” pruebas en el lugar de los hechos.

Rada censuró la introducción de subtítulos que incluso interpretan las palabras de los protagonistas, que “llevan a pensar que los policías, que están haciendo su labor, estarían sembrando pruebas”.

“También el video confirma a plenitud los informes policiales que recibí en abril con respecto al nivel peligrosamente alto de letalidad del grupo terrorista y separatista, ya que se observan armas y explosivos”.

Si bien afirmó que tales evidencias fueron encontradas en el hotel y “posteriormente entregadas, como corresponde, al Fiscal y que hoy, bajo una cadena de custodia legal, están como parte de la investigación”, la defensora del húngaro Tóásó, Claudia Abasto, denunció que la cadena de resguardo de ese material es ilegal y dio lugar a su contaminación.

Abasto informó que la Comisión Europea estudia un pedido de las familias Magyarosi y Dwyer para que la Unión Europea abra una investigación sobre la forma en que murieron los supuestos terroristas en Bolivia, en cuyo caso, el principal sujeto de la indagación será el presidente Evo Morales.

Sin embargo, insistió en que un reciente parte de Inteligencia ratifica que la “maliciosa” edición de ese video y la presentación de fotografías trucadas forman parte de un plan para perjudicar la investigación que lleva adelante el fiscal Marcelo Soza.

“El hecho aconteció en Bolivia y aunque participaron delincuentes, porque ése es el término, delincuentes extranjeros contratados fuera de nuestro país y llegaron a Bolivia con fines separatistas y terroristas”.

El ex presidente Jorge Quiroga sugirió a Morales que autorice una investigación en Europa de los hechos, pues, si hubo ejecuciones sumarias ordenadas por el Gobierno contra ciudadanos de otro país, el caso “va a llegar algún día a La Haya” y cuando llegue al Tribunal Penal Internacional, “lo primero que se va a demostrar es que los diputados del oficialismo y el Fiscal quisieron encubrir y tapar”.

En tanto, el titular de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, planteó ayer en Santa Cruz que el fiscal Marcelo Soza, quien “perdió credibilidad”, se aleje del caso y que una comisión nacional dirigida por Mario Uribe tome conocimiento de la investigación para dirigirla.

Defensa indica que Tóásó presume una ejecución

Claudia Abasto, abogada defensora del húngaro Elöd Tóásó, denunció que la persona que aparece de pie y enmanillada no es su cliente y que tanto éste como Mario Francisco Tádic tenían la costumbre de dormir semidesnudos, por lo que presume que ese preso fue ajusticiado, porque en el momento en que se grabó esa cinta quedaban tres presuntos milicianos con vida.

En el video difundido hace dos días, el subtítulo que marca la identidad de Mario Tádic está equivocada, pues la persona que aparece con una polera celeste que cubre su cabeza es Tóásó, en cuya espalda se observan las señales, dijo la jurista, de las torturas a las que fue sometido.

“Ese video comprueba todas las afirmaciones hechas por mi defendido. Él no mintió. Además identificó su mochila vacía”.

Todas las pruebas del caso, dijo, están contaminadas. “Si colocaron objetos en una mochila, porque llegó con armas a La Paz, es también posible que se hubiera añadido información a las computadoras. La cadena de custodia ha sido, desde un principio, ilegal. Esa evidencia no es creíble”.

La abogada se preguntó cómo es posible que se hable de un tiroteo cuando se observa que el arma de Eduardo Rózsa Flores estaba debajo de la almohada sobre la que dormía.

“Elöd no recuerda claramente todo lo que ocurrió esa madrugada. Entre los gritos, los golpes y los malos tratos, estaba muy asustado”.

El húngaro no pudo ver quién era su compañero atrapado, pues tenía la cabeza cubierta y soportaba vejámenes y tampoco pudo identificarlo a través de las imágenes del video.

Policías piden “limpieza”

Cuatro jefes policiales, que pidieron anonimato, sugirieron ayer una “limpieza ideológica” en la institución del orden, tras la aparición de dos videos en los que se involucra a la disuelta Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC) en un presunto montaje del operativo antiterrorista del 16 de abril en Santa Cruz.

Los cuatro efectivos indicaron que los videos infiltrados por la misma Policía son parte de una lucha ideológica interna y que incluso hay un sector que no apoya al presidente Evo Morales.

Uno de ellos dijo que los videos, que recientemente salieron a la luz pública, son “producto de una guerra sucia que hay al interior de la Policía entre dos bandos que se quieren descalificar mutuamente para ascender”.

Otro de los uniformados agregó: “Son unos envidiosos”, al señalar que por esas pugnas internas por el poder se prevé que se seguirán filtrando información y videos, que luego podrían seguir siendo manipulados para afectar a un sector.

El cuarto policía incluso se animó a defender al cuestionado capitán Wálter Andrade, ex comandante de la UTARC. Aseguró que quieren “destruir” la imagen de esa persona para que no ascienda o asuma un cargo importante al año en la Policía.

Por eso queremos “una limpieza en nuestra institución”, manifestó uno de ellos. Sugerencia que fue apoyada por sus camaradas.

La reacción de los agentes es consecuencia de la divulgación de una fotografía y dos videos en los que aparecen Andrade y la dragoneante Marilyn Vargas Villca junto a Ignacio Villa Vargas, el “Viejo”, y a Eduardo Rózsa Flores.

La oposición exige claridad

La oposición solicitó ayer que la indagación sobre el caso de presunto terrorismo sea llevada adelante con imparcialidad.

El ex presidente Jorge Quiroga dijo que “esta investigación de los ‘mercenarios de churrasco’ (…) está mostrando aristas preocupantes para el país. Hay dos cosas muy claras: primero, que había una relación institucional del Estado con esta célula. Segundo, la evidencia está mostrando que en el hotel Las Américas (…) se ha producido una ejecución sumaria”, delito por el que son procesados jefes de Estado africanos ante la Corte Penal Internacional.

El titular del Senado, Óscar Ortiz, solicitó la intervención de la Fiscalía General para que encabece una comisión especial que se encargue de las investigaciones, que deben incluir a Evo Morales, Álvaro García Linera, Alfredo Rada; el Comandante de la Policía y todos los efectivos que participaron en el operativo del 16 de abril.

Fiscal duda de las imágenes

El fiscal Marcelo Soza, quien investiga los nexos de la célula desbaratada en abril en Santa Cruz, señaló ayer que duda de la autenticidad de los videos difundidos en las últimas horas y aseguró que no pueden ser sometidos a pericias para establecer su autenticidad.

Soza precisó que tales grabaciones no fueron presentadas oficialmente al Ministerio Público, un requisito imprescindible para su validación y su autenticación. “Estos videos no pueden ser objeto de pericia técnica y su difusión en medios de comunicación podría afectar su calidad de prueba”.

Respecto de la mochila decomisada a Elöd Tóásó en el hotel Las Américas y reconocida por el detenido en su declaración posterior, dijo: “No es la misma que se muestra en el supuesto video”.

LA PRENSA

24/9/09

La foto Walter Andrade

La comisión de la camara de diputados, hoy considerara si es o no neceario llamara a este oficial de la policia.

El Gobierno y la Fiscalía minizan el valor de la fotografía donde aparece Eduardo Rózsa y el jefe de la ex Utarc, capitán Wálter Andrade.

10/9/09

Juez Tapia juzgado en La Paz

El Ministerio de Gobierno, presento demanda, mediante el que afirman que “la investigación se inició en La Paz por una querella interpuesta por el Ministerio de Gobierno contra los sobrevivientes de la célula de mercenarios desbaratada en abril pasado en Santa Cruz, el boliviano Mario Tádic y el húngaro Elöd Tóásó, hoy recluidos en la cárcel de San Pedro”, por lo que el proceso debe seguir en La Paz.

Iniciando un proceso penal contra el juez Luis Tapia Pachi y el fiscal Óscar Flores Velarde, ambos de Santa Cruz, ante el Ministerio Público de La Paz, por la supuesta comisión de cinco delitos: Uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y prevaricato.

El fiscal Prudencio Flores emitió citatorios para que las dos personas comparezcan hoy a declarar.

Prudencio Flores advirtió ayer de que emitirá una orden de aprehensión en contra del magistrado y el fiscal cruceño si es que no acuden a su llamado.

9/9/09

Hermano del prefecto Costas involucrado

El fiscal Soza afirmó: “Estaría involucrado en este hecho y está registrado en uno de los teléfonos celulares como hermano 1”.

Las investigaciones policiales establecieron que el mercenario boliviano-croata entabló contacto con una extensa red de políticos y empresarios en Santa Cruz.

La mayoría de los acusados aseguraron que conocieron a Rózsa Flores sin saber que formaba parte de una banda armada.

Los extractos que la Fiscalía obtuvo de las empresas telefónicas Viva y Entel corresponden a Humberto Costas Aguilera, además de otros a los que hace seguimiento el Ministerio Público.

También evidenció que cinco números de teléfonos corresponden a Alejandro Melgar Pereira y a Hugo Achá.

“Toda persona sospechosa debe venir y aclarar su situación jurídica. Y se va a citar a todos aquellos que estén involucrados. Tienen que comparecer ante la justicia y esclarecer estos hechos (secesión)”, descubiertos tras la aparición de Rózsa Flores.

Marcelo Soza puntualizó que sus sospechas se basan en los indicios hallados en el lugar donde la banda fue acribillada y detenida. “Estos elementos no los he puesto yo”.

5/9/09

Orden de captura contra Marinkovic

El fiscal Marcelo Soza emitió ayer una orden de aprehensión contra Branko Marinkovic, por no haberse presentando durante el día en la sede del Gobierno para declarar en el Ministerio Público sobre el caso terrorismo.

Soza consideró la ausencia de Marinkovic como “un acto de desacato a la ley” y determinó, “por tanto, emitir el correspondiente mandamiento de aprehensión a fin de que la Policía Nacional lo haga cumplir y proceda a su detención en cualquier punto del país”.

Antecedentes

Marinkovic es un empresario exportador de aceite, vive en Santa Cruz y ha liderado el movimiento cívico y autonomista de ese departamento, cuya capital es un bastión de políticos y dirigentes empresariales opositores a Morales.

Según las investigaciones, los terroristas tenían previsto formar milicias armadas para defender Santa Cruz de un eventual ataque del Gobierno central y después promover la secesión territorial de ese departamento.

La célula terrorista de Eduardo Rózsa Flores, fue desarticulada por la Policía el 16 de abril en un operativo en el Hotel Las Américas de la capital oriental. En esa acción murieron por disparos de armas de fuego Rózsa (boliviano-croata), Árpád Magyarosi (rumano) y Micheal Martin Dwyer (irlandés). Y detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic.

A fines de abril fueron detenidos en Santa Cruz los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Geber Bruno y Alcides Mendoza, por su supuesta participación en la organización de una milicia.

Ambos activistas, según el fiscal Soza, declararon que los financiadores de la célula de Rózsa son Marinkovic; el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, y el titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Pedro Yovhía; además de Hugo Achá, miembro de la Fundación Human Rights.

De acuerdo con la versión del unionista Mendoza, Marinkovic entregó al grupo de Rózsa 200.000 dólares para la compra de armamento y el entrenamiento de combatientes en Santa Cruz.

Nayar, Yovhía y Achá habrían entregado, por separado, otros montos al mercenario boliviano-croata. Soza dijo además que entre los financiadores estaba el prefecto cruceño, Rubén Costas. Estas cinco personas fueron citadas el 5 de mayo por el fiscal Soza para que declaren en La Paz sobre este caso. Pero las declaraciones fueron postergadas por el conflicto de jurisdicción planteado por los distritos de La Paz y Santa Cruz.

Profugos

Melgar tiene el sobrenombre de Lucas y Achá el de Superman. Ambos estarían en Estados Unidos y fueron identificados como parte del grupo intermedio de financiadores de la organización de Eduardo Rózsa.

Los financiadores de Rozsa

El reporte de la UIF señala que “los actos operativos financieros de Carlos Alberto Guillén, Luis Alberto Hurtado, Rony Hurtado, Enrique Vaca, Alejandro Melgar y Hugo Achá están vinculados al tipo penal (de) organización criminal, delito precedente a legitimación de ganancias ilícitas”.

De los seis mencionados en las conclusiones, cinco se autoexiliaron como consecuencia del operativo policial ejecutado la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, donde fueron abatidos Rózsa Flores, Micheal Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (rumano).

El sexto, Carlos Alberto Guillén, permanece en el país. Es vicepresidente del club Blooming y uno de los asesores legales de la firma Lotex, propietaria de los salones de Bingo Bahiti’s, que fue vinculada con el respaldo económico a la milicia.

Esta persona afronta una acusación por indicios de supuestas actividades vinculadas a una organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.

En el documento de la UIF se lee que “sobre las casas de juegos, casinos, loterías, bingos y similares, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, las califica como entidades de alto riesgo, por el flujo de dinero”.

El grupo mencionado, cuya sigla es Gafisud, es una organización intergubernamental de los países de Sudamérica para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

José María Peñaranda, principal ejecutivo de Lotex, explicó que el asesor legal de esa compañía, Carlos Guillén, se presentó ante las autoridades correspondientes y entregó “todos los descargos que avalan la transparencia de sus operaciones”.

Peñaranda aseguró que este abogado “no tiene relación alguna con las otras cinco personas mencionadas en ese informe y por ello se presentó espontáneamente a presentar sus declaraciones ante las autoridades correspondientes y no salió del país, como hicieron otros”.

Guillén fue relacionado con Eduardo Rózsa por haber vendido el automóvil en el que, presuntamente en compañía del irlandés Dwyer, se dirigió la noche del martes 14 de abril hacia la residencia del cardenal Julio Terrazas, para colocar un explosivo. El aludido refirió, en aquel momento, que se trató de una operación comercial común y que conoció a Rózsa a través del abogado Alejandro Melgar Pereira.

Implicados

Melgar Pereira, abogado conciliador de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), salió del país el lunes 13 de abril para intervenir en un torneo internacional de tiro deportivo que tuvo lugar en la República Argentina, de donde pasó a Montevideo y de allí a Miami (Estados Unidos).

Sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Migración, la UIF confirmó que Melgar Pereira viajó desde Madrid (España) a Santa Cruz en compañía de Dwyer, Ivan Pistovcak (eslovaco), Gabor Dudog (húngaro), Mario Tádic Astorga (boliviano-croata) y Árpád Magyarosi (rumano).

El jurista mantiene una deuda de 4,29 millones de bolivianos y el Banco Bisa declara incobrable por insolvencia otra deuda de 2,76 millones de bolivianos, pero “resulta haciendo viajes a Europa para reunirse, presumimos, con Dwyer, Pistovcak, Gabor, Tádic y Magyarosi, antes de que éstos llegaran al país”.

Los extranjeros formaron parte de un grupo separatista y ultraderechista rumano.

Sobre ésta y otras cuatro personas pesan indicios de operaciones financieras relacionadas con el requerimiento fiscal a una organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.

Luis Alberto Hurtado Vaca, responsable del Comité de Semillas de Santa Cruz y consejero de la telefónica cruceña, hizo pagos a los hoteles Buganvillas, el 23 de diciembre de 2008, y Asturias, el 14 de febrero de 2009, por 18.285,30 bolivianos y 38,63 dólares, en tanto que en esas mismas fechas abona las sumas de 6.839,80 y 6.850 bolivianos, “presumiblemente para pagar el hospedaje de Pistovcak y Dudog”.

Según el reporte dirigido a Soza, éste “era uno de los destinatarios de todos los dineros ilícitos enviados por Rony Hurtado Vaca, el Comité de Semillas de Santa Cruz, la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y otros para posteriormente utilizarlos con fines ilícitos”.

Rony Hurtado Vaca, hermano del anterior, transfirió 7.010 bolivianos a la cuenta de Luis Alberto Vaca, y le giró cheques por 3.500 y 7.000 bolivianos, en tanto que hizo pagos por 9.052,74 y 37.499 a dos agencias de viajes y turismo, “presumimos para el pago de pasajes de los extranjeros que llegaron de Madrid”.

Enrique Vaca Pedraza, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz, donde la célula estableció su base de operaciones, emitió, el 22 de octubre de 2008, un cheque por 7.000 bolivianos a favor de Rony Hurtado Vaca.

Hugo Antonio Achá Melgar, ex presidente de Human Rights Foundation Bolivia (HRF-Bolivia), analista político y esposo de la diputada Rozana Gentile, de Unidad Nacional (UN), mantiene una cuenta corriente en moneda extranjera registrada a nombre de Entretenimiento y Diversión Antares, de la que es representante legal y socio, de cuya información “se infiere la existencia de presuntos indicios de la comisión de delito de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal. El sujeto investigado no se encontraría en el país”.

La UIF no encontró indicios sospechosos sobre las demás 20 personas de la nómina.

La FELCN sólo señala a Guedes

La Unidad de Investigaciones Financieras solicitó un informe a la División de Registro y Archivo del Departamento Nacional de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que certificó que de las 26 personas investigadas, sólo Juan Carlos Guedes Bruno, imputado por terrorismo pues confesó haber vendido un arma de marca Brno a Eduardo Rózsa Flores, tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes.

“En fecha 6 de diciembre de 1991 fue detenido por funcionarios de la Policía del Juzgado Policial de la avenida Pando, por una deuda de 200 bolivianos, luego fue transferido a las oficinas de la FELCN- La Paz, por encontrarse en su domicilio siete paquetes envueltos con cinta masking conteniendo 5.310 gramos de sulfato base de cocaína”.

Guedes declaró en aquella oportunidad que nació el 21 de septiembre de 1965 en Trinidad, divorciado y dibujante; aunque al ser arrestado, el 29 de abril de este año, dijo que se dedica a la pesca y que su sobrenombre es “Capitán Bruno”, porque maneja una lancha con la que sale en busca de peces en los ríos del departamento de Beni para venderlos, posteriormente, en los mercados de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las demás personas no registraron antecedentes por delitos contra la Ley 1008 hasta el 17 de mayo de 2009.

Migración da datos incompletos

De acuerdo con los informes proporcionados por la Dirección General de Migración, el flujo migratorio de las personas investigadas empezó en noviembre de 2007. Incluso, cuatro de ellas ingresaron en territorio nacional en tres oportunidades, en noviembre de 2007, 2008 y febrero de 2009, aunque no se hallan debidamente registradas las fechas de salida, pues el reporte no es completo.

Sin embargo, en el cuadro resumen presentado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo se señala una fecha de llegada al Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

El irlandés Micheal Martin Dwyer llegó a Bolivia el 17 de noviembre de 2007 proveniente de Madrid. Fue uno de los presuntos mercenarios abatidos el 16 de abril en el hotel Las Américas.

El eslovaco Ivan Pistovcak y el húngaro Dudog Gabor llegaron a Santa Cruz el 17 de noviembre de 2008, procedentes de Madrid. No figuran fechas de salida del país.

El boliviano-croata Mario Francisco Tádic Astorga llegó al aeropuerto cruceño el 11 de febrero de este año. Desde el 17 de abril permanece recluido en el penal de San Pedro, en La Paz.

Entretanto, el rumano Árpád Magyarosi lo hizo el 21 de febrero de 2009 y murió la madrugada del 16 de abril en Santa Cruz.

El húngaro Tamás Lajos Nagy no tiene registrada una fecha de ingreso a Bolivia, pero sí se sabe que salió el 4 de mayo de 2007 desde La Paz con destino a Arica, Iquique y Santiago de Chile. Existen registros de que esta persona se hospedó entre noviembre y diciembre del año pasado en el hotel Buganvillas, que incluso cuenta en sus archivos con fotocopias de su pasaporte, pero Migración carece de los datos de su llegada y regreso a Europa.

Alejandro Melgar Pereira salió de Bolivia el 12 de abril de 2006 desde Cochabamba hacia Buenos Aires y llegó el 14 de septiembre de 2007 a Santa Cruz desde Madrid.

Carlos Alberto Guillén Moreno llegó a La Paz procedente de Lima el 17 de marzo de 2006; el 8 de junio de 2008 partió de Viru Viru con destino a Sao Paulo (Brasil); el 13 de junio del año pasado volvió a Santa Cruz proveniente de Buenos Aires y el 25 de ese mismo mes partió a Sao Paulo y retornó desde la capital argentina el 28 de junio. Aunque no se reporta una fecha de salida, Migración informa que Guillén regresó a Viru Viru el 2 de octubre del año pasado, desde la ciudad de Buenos Aires.

Enrique Vaca Pedraza, funcionario de la Feria Exposición, viajó el 8 de octubre de 2008 desde la capital cruceña hasta Salta (Argentina) y regresó a la capital cruceña dos días más tarde proveniente de Asunción del Paraguay.

Las 26 personas investigadas

1. Alcides Mendoza Masavi C.I. 3027349 S.C.
2. Alejandro Melgar Pereira C.I. 1981199 S.C.
3. Carlos A. Baldivieso Velasco C.I. 1497430 S.C.
4. Carlos A. Guillén Moreno C.I. 1558859 S.C.
5. Martin Micheal Dwyer B551543 Irlanda
6. Elöd Tóásó BA9916809
7. Enrique Vaca Pedraza C.I. 2920221 S.C.
8. Gabor Dudog ZJ0955376 Hungría
9. Daniel Gáspar ZJ822243 Hungría
10. Gyorgy Rózsa BA9700208 Hungría
11. Héctor Laguna P. C.I. 1998156
12. Hugo A. Achá M. C.I. 3829378 S.C.
13. Jorge E. Rózsa Flores C.I. 4621818 S.C.
14. Jorge Hurtado Flores C.I. 1251746 PT.
15. Juan Carlos Guedes Bruno C.I. 1784360 S.C.
16. Juan Kudelca N/D
17. Juan Líder Paz Castro C.I. 1532846 S.C.
18. Luis Alberto Hurtado Vaca C.I. 2818155 S.C.
19. Luis Alberto Vaca Pedraza N/D
20. Árpád Magyarosi 10093422 Rumanía
21. Mario Bruno León Hart N/D
22. Mario F. Tádic Astorga C.I. 966677 CB.
23. Ivan Pistovcak 4597413 Eslovaquia
24. Rony Hurtado Vaca C.I. 2818156 S.C.
25. Tamas Lajos Nagy ZJ 264746 Hungría
26. Tibor Révezs ZE 368101 Hungría

Investigación

La Unidad de Investigaciones Financieras recibió un requerimiento fiscal el 11 de mayo.
El fiscal de Recursos de La Paz, Marcelo Soza, formuló la orden correspondiente.
La respuesta llegó el 25 de junio. La indagación abarcó a Migración y a la FELCN.

Datos

El responsable del informe es Armando Ballesteros, jefe interino de Análisis Financiero.
Michael Baptista, analista informático de la UIF, elaboró también el reporte.
La parte jurídica y legal del documento es responsabilidad del abogado Vidal Machicado
LA PRENSA

3/9/09

Las funciones del contralor

La toma política de la Contraloría General de la República por parte del Gobierno y la designación en el cargo de Contralor de un connotado dirigente del partido de Gobierno y diputado nacional, se ha constituido en el hecho que vulnera el principio de independencia, premisa principal que debe cumplir un auditor, para que sus opiniones tengan legitimidad.

Al Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Fiscalía General de la República, se ha sumado la destrucción de la Contraloría General de la República, sin embargo en este último caso se advierte un alto interés de carácter político-estratégico a diferencia del resto de los otros órganos públicos antes señalados; su control busca objetivos políticos muy concretos, es intimidar a la oposición mediante el uso politico de los pliegos de cargo, informes de responsabilidades por el ejercicio de la función pública y encubrimiento de los correligionarios.

Uso del Pliego de cargo, para linchar a los adversarios políticos que tengan pretensiones electorales, mediante la asignación de responsabilidades por la función pública y emisión de pliegos de cargo, a efecto de ingresarlos en las causales de inhabilitación de candidatos a cualquier cargo de elección popular. Objetivo se viene montando de forma sistemática y focalizada con algunas autoridades de prefecturas y gobiernos municipales, cuyo punto culminante será el proceso electoral de abril.

Uso de informes o dictámenes parcializados, que generan consecuencia mediaticas para persecución de persecución de autoridades públicas no afines al Gobierno, a título de lucha contra la corrupción, vulnerando los sagrados principios constitucionales de inocencia, defensa y debido proceso.

Encubrimiento de actos dolosos y de corrupción que se conocen constantemente en las esferas gubernamentales, mediante denuncias públicas, probadas e incluso aceptados en algunos casos por el Gobierno, como ocurre con las indemnizaciones por las nacionalizaciones, ABC, sin mumero de Municipios en manos de MASISTAS, que sumados significan millones de dólares de daño económico causados al Estado.

Las funciones realmente desarrolladas por el actual contralor, revela los fines de su presencia y la toma política de este órgano de control fiscal.

La Sala Penal decide que Tapia Pachi juzgue

La Sala Penal Tercera de la Corte de Justicia de Santa Cruz resolvió ayer que el juez cruceño Luis Hernando Tapia Pachi debe “conocer, juzgar e investigar” los hechos relacionados con la milicia irregular liderada por Eduardo Rózsa Flores.
Los jueces cruceños Jacinto Morón, Teresa Vera y Teresa Lourdes Ardaya emitieron ayer el fallo correspondiente, aunque la decisión fue rechazada por el Gobierno y los magistrados paceños Blanca Alarcón y William Alave.

Al final de la tarde, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, anunció que iniciarán un juicio contra los vocales Vera y Ardaya por no acatar la resolución de amparo que, en su criterio, radica el caso en La Paz.

El jueves 27, ese tribunal declaró procedente la acción de amparo constitucional presentada por el fiscal Marcelo Soza contra los jueces Tapia Pachi y Betty Yañíquez, de La Paz, así como contra la Sala Penal Segunda de Santa Cruz. El director jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, sostuvo ayer que esa sentencia “está fuera de toda lógica jurídica” y dijo que el fallo es “encubridor, ilegal y hasta delictivo”, por lo que enjuiciará a quienes firmaron esa orden ilegal.

Con base en esa decisión judicial, el fiscal Marcelo Soza citó entre lunes y martes a declarar a Branko Marinkovic, ex presidente del Comité pro Santa Cruz, y a David Sejas, Alfredo Saucedo y Róger Martínez, ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, así como a representantes de unas diez instituciones de Santa Cruz.

29/8/09

Sigue la investigación en La Paz

Antecedentes
El ex presidente cívico cruceño Branko Marinkovic interpuso una solicitud ante el juez de Instrucción Luis Tapia Pachi, de Santa Cruz, quien se declaró competente para conocer el caso y paralizó el proceso.

Ayer
Los magistrados Blanca Alarcón y William Alave, quienes forman la Sala Penal Tercera de La Paz, sostuvieron que un juez instructor no tiene potestad para paralizar la actividad de un fiscal, que pertenece a otro órgano judicial.

Resultado
Esta decisión devolvió a la juez Yañíquez el control jurisdiccional de la investigación por el atentado a la residencia del cardenal Julio Terrazas, mientras que Luis Hernando Tapia Pachi dirige la indagación por el atentado perpetrado contra el domicilio del viceministro Saúl Ávalos.

21/8/09

Muerte de la NAZION CAMBA

En el camino a esta elecciones 2009, lo ya seguro es la muerte de la nazión camba, demostrable con las declaraciones de los mismos derechistas del BENI, mediante sus asociaciones de municipios e incluida la prefectura, manifiesta abiertamente su apoyo a un CANDIDATO DE OCCIDENTE.

Con esto la tesis de la nazión camba, cae por los sueldos y ya es historia.

La Prensa:
Amdebeni apoya nuevo bloque

La Asociación de Municipios del Beni (Amdebeni) expresó su respaldo al frente amplio. La agrupación Primero Beni, que cuenta con el apoyo del prefecto Ernesto Suárez, prefiere al ex Vicepresidente.

Quince de 19 alcaldes del departamento beniano decidieron buscar un candidato de consenso. El presidente de Amdebeni, Yerko Núñez (alcalde de Rurrenabaque), anunció: “Beni apoyará a un candidato del occidente, mejor si es de La Paz”.

15/8/09

Corte suprema asigna competencia a corte de santa cruz

Los detalles

El 16 de abril de este año, la Policía desbarató un presunto grupo terrorista y separatista en Santa Cruz, donde detuvo al húngaro Elöd Tóásó y al boliviano-croata Mario Tádic, y abatió a tiros a Rózsa Flores, al rumano Árpád Magyarosi y al irlandés Michael Martin Dwyer.

Entonces comenzó una investigación a la cabeza de fiscales de La Paz y de ella tomaron conocimiento jueces de esta ciudad. Las indagaciones de los nexos de ese presunto grupo irregular involucraron a empresarios y autoridades cruceñas.

Empero, la mayoría de ellos se negó a declarar en la sede del Gobierno por desconocer esa jurisdicción.

En junio presentaron un recurso de inhibitoria ante el juez cruceño Hernando Tapia para que asuma el caso. Esa autoridad, a través de un memorial, solicitó a la juez paceña Marcela Siles que “se inhiba de seguir conociendo dicha causa”, porque le corresponde a Santa Cruz, pues fue allí donde se desarticuló el presunto grupo terrorista.

Sin embargo, Siles ya había despachado los expedientes a su colega Yañíquez, quien, luego de conocer lo planteado por Tapia, determinó remitir los obrados a la Corte Suprema porque había un conflicto de competencias.

Éstos se negaron a declarar en La Paz y pidieron a un juez cruceño que asuma competencia.

Compencia según la suprema

Mediante el voto de 7 de sus 12 ,miembros la Sala Plena del Tribunal Supremo, integrada por 12 miembros, entre ministros y conjueces, fue rechazada la competencia de la corte de La Paz.

“El conflicto de competencias lo resuelve la Corte de Santa Cruz que es el distrito donde se encuentra el juez que previno (conoció) primero, así lo establece el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal vigente”, explicó la decana en ejercicio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandóval.

La Suprema unió dos hechos distintos ocurridos en la capital oriental: uno referido a un atentado contra un ex constituyente y otro a la desarticulación, el 16 de abril, del presunto grupo terrorista encabezado por el croata-boliviano Eduardo Rózsa.

11/8/09

Piden se confisque bienes de Dips y Siles por desfalco en Cotel

Los ex Consejeros de Cotel, Fernando Dips y Jaime Siles, están acusados por delitos penales como asociación delictuosa, encubrimiento, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, abuso de confianza y daño calificado

Ambos están acusados del desfalco de 6,6 millones de dólares en la compra irregular de la infraestructura obsoleta de la empresa de Televisión Satelital Cable Color (ITS) de Santa Cruz, en junio de 2008.

"ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron 7,4 millones de dólares, es decir un sobreprecio de 6,6 millones de dólares", según el interventor.

La auditora Acevedo & Asociados estableció que los ex Consejeros de Cotel pagaron 1.8 millones de dólares, por 4.785 abonados fantasmas en la compra del total de abonados de Supercanal, develó Börth.

Denunció que los abonados declarados por Supercanal y Cotel fueron de 25.000, por lo que acordaron una transferencia por 9.5 millones de dólares, cuando en realidad no eran más que 20.215 abonados.

Los ex Consejeros de Administración y Vigilancia también "se beneficiaron gratuitamente con 60.288 litros de gasolina para sus vehículos particulares, por 31.862 dólares", agregó.

Consumieron por llamadas de celulares 33.366 dólares. Cobraron pasajes y viáticos por más de medio millón de bolivianos, afirmó el interventor ante los Fiscales asignados al caso.

La denuncia pesa también contra los otros Consejeros de Administración. Están también acusados, Ramy Pardo Hernánz, Cecilia Mazi Silva, Víctor Roque Guerra, Omar Sadud Guillén y Fernando Arraya Araúz, además de Felipe Armando Jiménez, Limbert Ayarde Velasco y Daniel Aliaga Forges.

Negociados en compra de TV cable e ITS

El balance que las pérdidas acumuladas llegaron a 35 millones de bolivianos y que el patrimonio había disminuido de 1.173,2 a 1.037,3 millones de bolivianos desde 2007.

Como antecedente se tiene que hasta la gestión 2004-2005, el valor de cada línea se había desplomado de 1.500 a 350 dólares como efecto de la competencia con Entel, que comenzó a prestar el servicio de telefonía fija y había roto el monopolio que tenía Cotel hasta entonces.

Declaración

El interventor de Cotel se presentó este lunes ante los fiscales Iván Sarmiento y Luis Calderón para prestar declaraciones en la querella presentada el 17 de junio contra los ex consejeros de Administración y Vigilancia.

La Fiscalía investiga los delitos de atentado a los servicios públicos y asociación delictuosa en los ex ejecutivos y consejeros Fernando Dips, Vicente Arraya A., Víctor Roque G., Omar Saddud G., María Massi S., Jaime Siles H., Limbert Ayarde y Armando Jiménez.

De acuerdo con Böhrt, la empresa de Tv cable ITS fue adquirida con un sobreprecio de 6,6 millones de dólares, cuando su precio real era de 757.680 dólares; y Supercanal en 1,8 millones de dólares, con la transacción de 4.785 abonados “fantasmas” o inexistentes.

El fiscal Sarmiento informó que la investigación está en su fase preliminar y en los próximos

días se convocará a prestar declaraciones a todos los imputados en la denuncia presentada por la intervención de Cotel.

El Ministerio Público procedió luego de la intervención a la incautación de computadoras en la Cooperativa que están siendo sometidas a un peritaje para evaluar el contenido de los datos.

Böhrt dijo que se incluyó en la acusación presentada al Ministerio Público nuevos delitos como daño económico y daño calificado por los atentados a la infraestructura de la Cooperativa ocurridos desde hace algunas semanas.

Antecedentes

La Cooperativa fue intervenida por el Gobierno central el 18 de junio.

Esa acción se originó en denuncias del Sindicato de Trabajadores de Cotel.

Se argumentó que hubo malos manejos y extensión ilegal del mandato de los consejeros.

La intervención observó la compra con sobreprecio de ITS y Supercanal.

También denunció el intercambio de servicios a cambio de señal de Tv cable e internet.

Se emitía la señal a cambio de cortes de pelo, masajes, alojamiento en hoteles, etcétera.

La salud financiera de la telefónica no es sólida y está a punto de quebrar.

El único servicio que genera mayores ingresos es la televisión por cable.

Savina Cuellar admite la recepcion de US$ 5000

El Gobierno Departamental de Chuquisaca negó tener vínculo alguno con la célula irregular dirigida por Eduardo Rózsa Flores o sus financiadores, aunque la prefecta Savina Cuéllar admitió haber abierto una caja de ahorros para recibir aportes con el fin de financiar su campaña proselitista,

El diputado César Navarro, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció el viernes que uno de los “financiadores” del grupo de Rózsa Flores depositó 185.330,56 bolivianos en la cuenta de la Prefecta.

Cuéllar aseguró que los fondos acumulados en ese banco eran manejados por dos personas, pero “yo no he recibido nada, en mi campaña lo único (que) he recibido (fueron) 5.000 dólares en bolivianos y eso he gastado, nada más”.

Sin embargo, en el extracto bancario figuran, además de ese ingreso, depósitos por montos importantes, cuyos montos fluctúan entre los 2.000 y los 45.000 bolivianos, pero ninguno por los 5.000 dólares que menciona la autoridad regional.

Dijo que Navarro y los diputados “se ocupan de chismes, ni siquiera hacen nada para Bolivia. ¿Para eso hemos elegido diputados? Los diputados tienen que trabajar”.

Gonzalo Pallares, jefe de la campaña proselitista de Savina Cuéllar, aseguró que los recursos con los que se financiaron las actividades preelectorales fueron administrados tanto por él como por Hugo Tirado, representante de la Universidad Mayor San Francisco Xavier, y Luis González, delegado de los partidos políticos que formaban el Comité Interinstitucional, aunque se movía el dinero de la caja de ahorros con solamente dos firmas.

En una primera etapa, también participó Juan Luis Gantier, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), quien renunció al constatar que tanto Poder Democrático y Social (Podemos) como Unidad Nacional (UN) no efectuaban desembolsos para las actividades de campaña.

Savina Cuéllar ofrecerá hoy una conferencia de prensa para aclarar el tema, aunque negó haber recibido la suma denunciada por Navarro. “Hagan lo que hagan, Dios, tarde o temprano, juzgará a esos mañudos. No somos como ellos, unos mañudos”.

Sin aclarar el origen de ese dinero, el jefe de gabinete de la Prefectura, Rodolfo Rivas, afirmó que la denuncia es consecuencia de “los silbidos que han recibido de la población sucrense el 6 de agosto. Ellos querían aplausos y no los han conseguido”.

Rivas hizo referencia a los abucheos sufridos por el mandatario Evo Morales durante el acto de homenaje al 184 aniversario de la fundación de Bolivia.

El presidente del Comité de Defensa de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), John Cava, descartó “totalmente siquiera haber conversado ni con ése, ni con otro grupo terrorista que hubiese visitado nuestro país”.

Por el contrario, anotó, las reuniones del Consejo Nacional Democrático (Conalde) y en otras instancias cívicas en las que participaron los delegados de Codeinca “se han circunscrito a la legalidad, la democracia y la unidad del país”.

El presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, negó igualmente vínculos con la milicia del boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores.

Navarro acusa a Branko y Costas

El diputado César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria de la Cámara Baja, que investiga supuestos actos de terrorismo, denunció que Branko Marinkovic, ex mandamás del Comité pro Santa Cruz, y Rubén Costas, prefecto cruceño, contrataron a Eduardo Rózsa Flores y a sus camaradas.

“Las instituciones cruceñas asumen la defensa del entorno de Rózsa porque los involucrados con ellos son parte del círculo político del poder inmediato que existe en Santa Cruz. Los terroristas fueron contratados por la institucionalidad cruceña a la cabeza de Branko (Marinkovic) y (Rubén) Costas”.

Ambos líderes regionales se negaron a declarar ante su comisión pues desean “impedir que la investigación siga avanzando. Más bien, están cerrando un círculo que protege la impunidad colectiva de todas las personas vinculadas a este grupo”.

Marisol Abán y Pablo Banegas, integrantes de esta instancia parlamentaria, aseguran que el grupo irregular cometió delitos comunes y no incurrió en terrorismo, concepto que debe ser contenido en el documento final de la investigación; en tanto que los oficialistas sostienen que la célula pretendía dividir el país a través de una confrontación armada.

10/8/09

William Alave Laura y Blanca Alarcón Villarroel - sospechosos

El Fiscal Marcelo Soza, quien investiga el fallido plan terrorista y secesionista que se organizaba en Bolivia, denunció ayer domingo que los Vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, están confabulando a favor de los nexos de la célula de mercenarios de Eduardo Rózsa Flores.

"Sospechamos que los Vocales William Alave Laura y Blanca Alarcón Villarroel están en colusión con esta organización e incurren en el incumplimiento de deberes y denegación de justicia, por poner trabas al recurso presentado", explicó.


Lamentó que esa Sala haya rechazado el recurso del Ministerio Público para dejar sin efecto el fallo ilegal de los Vocales cruceños, Adhemar Fernández, Edgar Molina y Samuel Saucedo, que declararon en julio la procedencia de la acción de libertad a favor de dos ex unionistas comprometidos con la célula de milicianos.

Para Soza, la decisión asumida por esos Vocales de Santa Cruz es ilegal y está fuera de lugar porque ninguna acción de libertad puede definir temas de competencia, que sólo le corresponde resolver a la Corte Suprema de Justicia.

"Como la Corte Suprema de Justicia no se pronunció, "la Juez natural del caso terrorismo sigue siendo Betty Yañiquez, pero lamentablemente nosotros no podemos realizar ningún acto investigativo por la ilegalidad resuelta en Santa Cruz", enfatizó.

En su opinión, "estos Magistrados quieren dejar en la impunidad el grave hecho delictivo que lastimó todo un sentimiento nacional, contra la seguridad del Estado, sin embargo no lo lograrán porque contamos con todos los mecanismos legales para proseguir y dar con todos los autores que participaron en la organización y financiamiento de la célula de mercenarios", aseveró.

Soza anunció que una vez que sea solucionado este trámite y se reabra la investigación, el Ministerio Público hará público los nombres de los probables financiadores de la organización de la célula de mercenarios, cuyo cabecilla fue el boliviano-húngaro-croata, Eduardo Rózsa.

"Estamos a la espera de la reapertura del proceso de la investigación para expedir, ya sea mandamientos de aprehensión de manera directa o las correspondientes citaciones", acotó.

Lamentó que la Sala Penal Tercera bajo la presidencia de Willam Alave haya cometido hechos delictivos de incumplimiento de deberes porque en dos semanas que no pudieron resolver una resolución que según ley debería demorar apenas 24 horas.

El director funcional de la investigación sobre los vínculos que tuvo la desarticulada célula terrorista, no descartó la iniciación de una acción penal contra los vocales de la Sala Penal Tercera "bajo los cargos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia".

J

8/8/09

Desaparación del testigo clave - Ignacio Villa Vargas

Hay acciones de algunos operadores que justifican plenamente las críticas al sistema judicial boliviano; la supuesta desaparición de Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, es una de ellas.

El fiscal Marcelo Soza, quien investiga el caso de supuesto terrorismo e intento de separatismo en Santa Cruz, presentó al El Viejo como “el testigo clave”. Basado en sus afirmaciones aseguró que habían empresarios, dirigentes y políticos cruceños involucrados con el grupo de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto líder separatista muerto durante una acción policial en abril.

El miércoles se supo que El Viejo no está donde debería estar, pese a que el fiscal Soza anunció la imputación. El representante del Ministerio Público fue quien acreditó las versiones de Villa Vargas y éste lo único que dejó es una acusación contra el fiscal. ¿Alguien dice la verdad?

LR