29/8/09

Sigue la investigación en La Paz

Antecedentes
El ex presidente cívico cruceño Branko Marinkovic interpuso una solicitud ante el juez de Instrucción Luis Tapia Pachi, de Santa Cruz, quien se declaró competente para conocer el caso y paralizó el proceso.

Ayer
Los magistrados Blanca Alarcón y William Alave, quienes forman la Sala Penal Tercera de La Paz, sostuvieron que un juez instructor no tiene potestad para paralizar la actividad de un fiscal, que pertenece a otro órgano judicial.

Resultado
Esta decisión devolvió a la juez Yañíquez el control jurisdiccional de la investigación por el atentado a la residencia del cardenal Julio Terrazas, mientras que Luis Hernando Tapia Pachi dirige la indagación por el atentado perpetrado contra el domicilio del viceministro Saúl Ávalos.

21/8/09

Muerte de la NAZION CAMBA

En el camino a esta elecciones 2009, lo ya seguro es la muerte de la nazión camba, demostrable con las declaraciones de los mismos derechistas del BENI, mediante sus asociaciones de municipios e incluida la prefectura, manifiesta abiertamente su apoyo a un CANDIDATO DE OCCIDENTE.

Con esto la tesis de la nazión camba, cae por los sueldos y ya es historia.

La Prensa:
Amdebeni apoya nuevo bloque

La Asociación de Municipios del Beni (Amdebeni) expresó su respaldo al frente amplio. La agrupación Primero Beni, que cuenta con el apoyo del prefecto Ernesto Suárez, prefiere al ex Vicepresidente.

Quince de 19 alcaldes del departamento beniano decidieron buscar un candidato de consenso. El presidente de Amdebeni, Yerko Núñez (alcalde de Rurrenabaque), anunció: “Beni apoyará a un candidato del occidente, mejor si es de La Paz”.

15/8/09

Corte suprema asigna competencia a corte de santa cruz

Los detalles

El 16 de abril de este año, la Policía desbarató un presunto grupo terrorista y separatista en Santa Cruz, donde detuvo al húngaro Elöd Tóásó y al boliviano-croata Mario Tádic, y abatió a tiros a Rózsa Flores, al rumano Árpád Magyarosi y al irlandés Michael Martin Dwyer.

Entonces comenzó una investigación a la cabeza de fiscales de La Paz y de ella tomaron conocimiento jueces de esta ciudad. Las indagaciones de los nexos de ese presunto grupo irregular involucraron a empresarios y autoridades cruceñas.

Empero, la mayoría de ellos se negó a declarar en la sede del Gobierno por desconocer esa jurisdicción.

En junio presentaron un recurso de inhibitoria ante el juez cruceño Hernando Tapia para que asuma el caso. Esa autoridad, a través de un memorial, solicitó a la juez paceña Marcela Siles que “se inhiba de seguir conociendo dicha causa”, porque le corresponde a Santa Cruz, pues fue allí donde se desarticuló el presunto grupo terrorista.

Sin embargo, Siles ya había despachado los expedientes a su colega Yañíquez, quien, luego de conocer lo planteado por Tapia, determinó remitir los obrados a la Corte Suprema porque había un conflicto de competencias.

Éstos se negaron a declarar en La Paz y pidieron a un juez cruceño que asuma competencia.

Compencia según la suprema

Mediante el voto de 7 de sus 12 ,miembros la Sala Plena del Tribunal Supremo, integrada por 12 miembros, entre ministros y conjueces, fue rechazada la competencia de la corte de La Paz.

“El conflicto de competencias lo resuelve la Corte de Santa Cruz que es el distrito donde se encuentra el juez que previno (conoció) primero, así lo establece el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal vigente”, explicó la decana en ejercicio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandóval.

La Suprema unió dos hechos distintos ocurridos en la capital oriental: uno referido a un atentado contra un ex constituyente y otro a la desarticulación, el 16 de abril, del presunto grupo terrorista encabezado por el croata-boliviano Eduardo Rózsa.

11/8/09

Piden se confisque bienes de Dips y Siles por desfalco en Cotel

Los ex Consejeros de Cotel, Fernando Dips y Jaime Siles, están acusados por delitos penales como asociación delictuosa, encubrimiento, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, abuso de confianza y daño calificado

Ambos están acusados del desfalco de 6,6 millones de dólares en la compra irregular de la infraestructura obsoleta de la empresa de Televisión Satelital Cable Color (ITS) de Santa Cruz, en junio de 2008.

"ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron 7,4 millones de dólares, es decir un sobreprecio de 6,6 millones de dólares", según el interventor.

La auditora Acevedo & Asociados estableció que los ex Consejeros de Cotel pagaron 1.8 millones de dólares, por 4.785 abonados fantasmas en la compra del total de abonados de Supercanal, develó Börth.

Denunció que los abonados declarados por Supercanal y Cotel fueron de 25.000, por lo que acordaron una transferencia por 9.5 millones de dólares, cuando en realidad no eran más que 20.215 abonados.

Los ex Consejeros de Administración y Vigilancia también "se beneficiaron gratuitamente con 60.288 litros de gasolina para sus vehículos particulares, por 31.862 dólares", agregó.

Consumieron por llamadas de celulares 33.366 dólares. Cobraron pasajes y viáticos por más de medio millón de bolivianos, afirmó el interventor ante los Fiscales asignados al caso.

La denuncia pesa también contra los otros Consejeros de Administración. Están también acusados, Ramy Pardo Hernánz, Cecilia Mazi Silva, Víctor Roque Guerra, Omar Sadud Guillén y Fernando Arraya Araúz, además de Felipe Armando Jiménez, Limbert Ayarde Velasco y Daniel Aliaga Forges.

Negociados en compra de TV cable e ITS

El balance que las pérdidas acumuladas llegaron a 35 millones de bolivianos y que el patrimonio había disminuido de 1.173,2 a 1.037,3 millones de bolivianos desde 2007.

Como antecedente se tiene que hasta la gestión 2004-2005, el valor de cada línea se había desplomado de 1.500 a 350 dólares como efecto de la competencia con Entel, que comenzó a prestar el servicio de telefonía fija y había roto el monopolio que tenía Cotel hasta entonces.

Declaración

El interventor de Cotel se presentó este lunes ante los fiscales Iván Sarmiento y Luis Calderón para prestar declaraciones en la querella presentada el 17 de junio contra los ex consejeros de Administración y Vigilancia.

La Fiscalía investiga los delitos de atentado a los servicios públicos y asociación delictuosa en los ex ejecutivos y consejeros Fernando Dips, Vicente Arraya A., Víctor Roque G., Omar Saddud G., María Massi S., Jaime Siles H., Limbert Ayarde y Armando Jiménez.

De acuerdo con Böhrt, la empresa de Tv cable ITS fue adquirida con un sobreprecio de 6,6 millones de dólares, cuando su precio real era de 757.680 dólares; y Supercanal en 1,8 millones de dólares, con la transacción de 4.785 abonados “fantasmas” o inexistentes.

El fiscal Sarmiento informó que la investigación está en su fase preliminar y en los próximos

días se convocará a prestar declaraciones a todos los imputados en la denuncia presentada por la intervención de Cotel.

El Ministerio Público procedió luego de la intervención a la incautación de computadoras en la Cooperativa que están siendo sometidas a un peritaje para evaluar el contenido de los datos.

Böhrt dijo que se incluyó en la acusación presentada al Ministerio Público nuevos delitos como daño económico y daño calificado por los atentados a la infraestructura de la Cooperativa ocurridos desde hace algunas semanas.

Antecedentes

La Cooperativa fue intervenida por el Gobierno central el 18 de junio.

Esa acción se originó en denuncias del Sindicato de Trabajadores de Cotel.

Se argumentó que hubo malos manejos y extensión ilegal del mandato de los consejeros.

La intervención observó la compra con sobreprecio de ITS y Supercanal.

También denunció el intercambio de servicios a cambio de señal de Tv cable e internet.

Se emitía la señal a cambio de cortes de pelo, masajes, alojamiento en hoteles, etcétera.

La salud financiera de la telefónica no es sólida y está a punto de quebrar.

El único servicio que genera mayores ingresos es la televisión por cable.

Savina Cuellar admite la recepcion de US$ 5000

El Gobierno Departamental de Chuquisaca negó tener vínculo alguno con la célula irregular dirigida por Eduardo Rózsa Flores o sus financiadores, aunque la prefecta Savina Cuéllar admitió haber abierto una caja de ahorros para recibir aportes con el fin de financiar su campaña proselitista,

El diputado César Navarro, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció el viernes que uno de los “financiadores” del grupo de Rózsa Flores depositó 185.330,56 bolivianos en la cuenta de la Prefecta.

Cuéllar aseguró que los fondos acumulados en ese banco eran manejados por dos personas, pero “yo no he recibido nada, en mi campaña lo único (que) he recibido (fueron) 5.000 dólares en bolivianos y eso he gastado, nada más”.

Sin embargo, en el extracto bancario figuran, además de ese ingreso, depósitos por montos importantes, cuyos montos fluctúan entre los 2.000 y los 45.000 bolivianos, pero ninguno por los 5.000 dólares que menciona la autoridad regional.

Dijo que Navarro y los diputados “se ocupan de chismes, ni siquiera hacen nada para Bolivia. ¿Para eso hemos elegido diputados? Los diputados tienen que trabajar”.

Gonzalo Pallares, jefe de la campaña proselitista de Savina Cuéllar, aseguró que los recursos con los que se financiaron las actividades preelectorales fueron administrados tanto por él como por Hugo Tirado, representante de la Universidad Mayor San Francisco Xavier, y Luis González, delegado de los partidos políticos que formaban el Comité Interinstitucional, aunque se movía el dinero de la caja de ahorros con solamente dos firmas.

En una primera etapa, también participó Juan Luis Gantier, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), quien renunció al constatar que tanto Poder Democrático y Social (Podemos) como Unidad Nacional (UN) no efectuaban desembolsos para las actividades de campaña.

Savina Cuéllar ofrecerá hoy una conferencia de prensa para aclarar el tema, aunque negó haber recibido la suma denunciada por Navarro. “Hagan lo que hagan, Dios, tarde o temprano, juzgará a esos mañudos. No somos como ellos, unos mañudos”.

Sin aclarar el origen de ese dinero, el jefe de gabinete de la Prefectura, Rodolfo Rivas, afirmó que la denuncia es consecuencia de “los silbidos que han recibido de la población sucrense el 6 de agosto. Ellos querían aplausos y no los han conseguido”.

Rivas hizo referencia a los abucheos sufridos por el mandatario Evo Morales durante el acto de homenaje al 184 aniversario de la fundación de Bolivia.

El presidente del Comité de Defensa de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), John Cava, descartó “totalmente siquiera haber conversado ni con ése, ni con otro grupo terrorista que hubiese visitado nuestro país”.

Por el contrario, anotó, las reuniones del Consejo Nacional Democrático (Conalde) y en otras instancias cívicas en las que participaron los delegados de Codeinca “se han circunscrito a la legalidad, la democracia y la unidad del país”.

El presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, negó igualmente vínculos con la milicia del boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores.

Navarro acusa a Branko y Costas

El diputado César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria de la Cámara Baja, que investiga supuestos actos de terrorismo, denunció que Branko Marinkovic, ex mandamás del Comité pro Santa Cruz, y Rubén Costas, prefecto cruceño, contrataron a Eduardo Rózsa Flores y a sus camaradas.

“Las instituciones cruceñas asumen la defensa del entorno de Rózsa porque los involucrados con ellos son parte del círculo político del poder inmediato que existe en Santa Cruz. Los terroristas fueron contratados por la institucionalidad cruceña a la cabeza de Branko (Marinkovic) y (Rubén) Costas”.

Ambos líderes regionales se negaron a declarar ante su comisión pues desean “impedir que la investigación siga avanzando. Más bien, están cerrando un círculo que protege la impunidad colectiva de todas las personas vinculadas a este grupo”.

Marisol Abán y Pablo Banegas, integrantes de esta instancia parlamentaria, aseguran que el grupo irregular cometió delitos comunes y no incurrió en terrorismo, concepto que debe ser contenido en el documento final de la investigación; en tanto que los oficialistas sostienen que la célula pretendía dividir el país a través de una confrontación armada.

10/8/09

William Alave Laura y Blanca Alarcón Villarroel - sospechosos

El Fiscal Marcelo Soza, quien investiga el fallido plan terrorista y secesionista que se organizaba en Bolivia, denunció ayer domingo que los Vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, están confabulando a favor de los nexos de la célula de mercenarios de Eduardo Rózsa Flores.

"Sospechamos que los Vocales William Alave Laura y Blanca Alarcón Villarroel están en colusión con esta organización e incurren en el incumplimiento de deberes y denegación de justicia, por poner trabas al recurso presentado", explicó.


Lamentó que esa Sala haya rechazado el recurso del Ministerio Público para dejar sin efecto el fallo ilegal de los Vocales cruceños, Adhemar Fernández, Edgar Molina y Samuel Saucedo, que declararon en julio la procedencia de la acción de libertad a favor de dos ex unionistas comprometidos con la célula de milicianos.

Para Soza, la decisión asumida por esos Vocales de Santa Cruz es ilegal y está fuera de lugar porque ninguna acción de libertad puede definir temas de competencia, que sólo le corresponde resolver a la Corte Suprema de Justicia.

"Como la Corte Suprema de Justicia no se pronunció, "la Juez natural del caso terrorismo sigue siendo Betty Yañiquez, pero lamentablemente nosotros no podemos realizar ningún acto investigativo por la ilegalidad resuelta en Santa Cruz", enfatizó.

En su opinión, "estos Magistrados quieren dejar en la impunidad el grave hecho delictivo que lastimó todo un sentimiento nacional, contra la seguridad del Estado, sin embargo no lo lograrán porque contamos con todos los mecanismos legales para proseguir y dar con todos los autores que participaron en la organización y financiamiento de la célula de mercenarios", aseveró.

Soza anunció que una vez que sea solucionado este trámite y se reabra la investigación, el Ministerio Público hará público los nombres de los probables financiadores de la organización de la célula de mercenarios, cuyo cabecilla fue el boliviano-húngaro-croata, Eduardo Rózsa.

"Estamos a la espera de la reapertura del proceso de la investigación para expedir, ya sea mandamientos de aprehensión de manera directa o las correspondientes citaciones", acotó.

Lamentó que la Sala Penal Tercera bajo la presidencia de Willam Alave haya cometido hechos delictivos de incumplimiento de deberes porque en dos semanas que no pudieron resolver una resolución que según ley debería demorar apenas 24 horas.

El director funcional de la investigación sobre los vínculos que tuvo la desarticulada célula terrorista, no descartó la iniciación de una acción penal contra los vocales de la Sala Penal Tercera "bajo los cargos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia".

J

8/8/09

Desaparación del testigo clave - Ignacio Villa Vargas

Hay acciones de algunos operadores que justifican plenamente las críticas al sistema judicial boliviano; la supuesta desaparición de Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, es una de ellas.

El fiscal Marcelo Soza, quien investiga el caso de supuesto terrorismo e intento de separatismo en Santa Cruz, presentó al El Viejo como “el testigo clave”. Basado en sus afirmaciones aseguró que habían empresarios, dirigentes y políticos cruceños involucrados con el grupo de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto líder separatista muerto durante una acción policial en abril.

El miércoles se supo que El Viejo no está donde debería estar, pese a que el fiscal Soza anunció la imputación. El representante del Ministerio Público fue quien acreditó las versiones de Villa Vargas y éste lo único que dejó es una acusación contra el fiscal. ¿Alguien dice la verdad?

LR