La comisión de la camara de diputados, hoy considerara si es o no neceario llamara a este oficial de la policia.
El Gobierno y la Fiscalía minizan el valor de la fotografía donde aparece Eduardo Rózsa y el jefe de la ex Utarc, capitán Wálter Andrade.
24/9/09
10/9/09
Juez Tapia juzgado en La Paz
El Ministerio de Gobierno, presento demanda, mediante el que afirman que “la investigación se inició en La Paz por una querella interpuesta por el Ministerio de Gobierno contra los sobrevivientes de la célula de mercenarios desbaratada en abril pasado en Santa Cruz, el boliviano Mario Tádic y el húngaro Elöd Tóásó, hoy recluidos en la cárcel de San Pedro”, por lo que el proceso debe seguir en La Paz.
Iniciando un proceso penal contra el juez Luis Tapia Pachi y el fiscal Óscar Flores Velarde, ambos de Santa Cruz, ante el Ministerio Público de La Paz, por la supuesta comisión de cinco delitos: Uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y prevaricato.
El fiscal Prudencio Flores emitió citatorios para que las dos personas comparezcan hoy a declarar.
Prudencio Flores advirtió ayer de que emitirá una orden de aprehensión en contra del magistrado y el fiscal cruceño si es que no acuden a su llamado.
Iniciando un proceso penal contra el juez Luis Tapia Pachi y el fiscal Óscar Flores Velarde, ambos de Santa Cruz, ante el Ministerio Público de La Paz, por la supuesta comisión de cinco delitos: Uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y prevaricato.
El fiscal Prudencio Flores emitió citatorios para que las dos personas comparezcan hoy a declarar.
Prudencio Flores advirtió ayer de que emitirá una orden de aprehensión en contra del magistrado y el fiscal cruceño si es que no acuden a su llamado.
9/9/09
Hermano del prefecto Costas involucrado
El fiscal Soza afirmó: “Estaría involucrado en este hecho y está registrado en uno de los teléfonos celulares como hermano 1”.
Las investigaciones policiales establecieron que el mercenario boliviano-croata entabló contacto con una extensa red de políticos y empresarios en Santa Cruz.
La mayoría de los acusados aseguraron que conocieron a Rózsa Flores sin saber que formaba parte de una banda armada.
Los extractos que la Fiscalía obtuvo de las empresas telefónicas Viva y Entel corresponden a Humberto Costas Aguilera, además de otros a los que hace seguimiento el Ministerio Público.
También evidenció que cinco números de teléfonos corresponden a Alejandro Melgar Pereira y a Hugo Achá.
“Toda persona sospechosa debe venir y aclarar su situación jurídica. Y se va a citar a todos aquellos que estén involucrados. Tienen que comparecer ante la justicia y esclarecer estos hechos (secesión)”, descubiertos tras la aparición de Rózsa Flores.
Marcelo Soza puntualizó que sus sospechas se basan en los indicios hallados en el lugar donde la banda fue acribillada y detenida. “Estos elementos no los he puesto yo”.
Las investigaciones policiales establecieron que el mercenario boliviano-croata entabló contacto con una extensa red de políticos y empresarios en Santa Cruz.
La mayoría de los acusados aseguraron que conocieron a Rózsa Flores sin saber que formaba parte de una banda armada.
Los extractos que la Fiscalía obtuvo de las empresas telefónicas Viva y Entel corresponden a Humberto Costas Aguilera, además de otros a los que hace seguimiento el Ministerio Público.
También evidenció que cinco números de teléfonos corresponden a Alejandro Melgar Pereira y a Hugo Achá.
“Toda persona sospechosa debe venir y aclarar su situación jurídica. Y se va a citar a todos aquellos que estén involucrados. Tienen que comparecer ante la justicia y esclarecer estos hechos (secesión)”, descubiertos tras la aparición de Rózsa Flores.
Marcelo Soza puntualizó que sus sospechas se basan en los indicios hallados en el lugar donde la banda fue acribillada y detenida. “Estos elementos no los he puesto yo”.
5/9/09
Orden de captura contra Marinkovic
El fiscal Marcelo Soza emitió ayer una orden de aprehensión contra Branko Marinkovic, por no haberse presentando durante el día en la sede del Gobierno para declarar en el Ministerio Público sobre el caso terrorismo.
Soza consideró la ausencia de Marinkovic como “un acto de desacato a la ley” y determinó, “por tanto, emitir el correspondiente mandamiento de aprehensión a fin de que la Policía Nacional lo haga cumplir y proceda a su detención en cualquier punto del país”.
Antecedentes
Marinkovic es un empresario exportador de aceite, vive en Santa Cruz y ha liderado el movimiento cívico y autonomista de ese departamento, cuya capital es un bastión de políticos y dirigentes empresariales opositores a Morales.
Según las investigaciones, los terroristas tenían previsto formar milicias armadas para defender Santa Cruz de un eventual ataque del Gobierno central y después promover la secesión territorial de ese departamento.
La célula terrorista de Eduardo Rózsa Flores, fue desarticulada por la Policía el 16 de abril en un operativo en el Hotel Las Américas de la capital oriental. En esa acción murieron por disparos de armas de fuego Rózsa (boliviano-croata), Árpád Magyarosi (rumano) y Micheal Martin Dwyer (irlandés). Y detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic.
A fines de abril fueron detenidos en Santa Cruz los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Geber Bruno y Alcides Mendoza, por su supuesta participación en la organización de una milicia.
Ambos activistas, según el fiscal Soza, declararon que los financiadores de la célula de Rózsa son Marinkovic; el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, y el titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Pedro Yovhía; además de Hugo Achá, miembro de la Fundación Human Rights.
De acuerdo con la versión del unionista Mendoza, Marinkovic entregó al grupo de Rózsa 200.000 dólares para la compra de armamento y el entrenamiento de combatientes en Santa Cruz.
Nayar, Yovhía y Achá habrían entregado, por separado, otros montos al mercenario boliviano-croata. Soza dijo además que entre los financiadores estaba el prefecto cruceño, Rubén Costas. Estas cinco personas fueron citadas el 5 de mayo por el fiscal Soza para que declaren en La Paz sobre este caso. Pero las declaraciones fueron postergadas por el conflicto de jurisdicción planteado por los distritos de La Paz y Santa Cruz.
Profugos
Melgar tiene el sobrenombre de Lucas y Achá el de Superman. Ambos estarían en Estados Unidos y fueron identificados como parte del grupo intermedio de financiadores de la organización de Eduardo Rózsa.
Soza consideró la ausencia de Marinkovic como “un acto de desacato a la ley” y determinó, “por tanto, emitir el correspondiente mandamiento de aprehensión a fin de que la Policía Nacional lo haga cumplir y proceda a su detención en cualquier punto del país”.
Antecedentes
Marinkovic es un empresario exportador de aceite, vive en Santa Cruz y ha liderado el movimiento cívico y autonomista de ese departamento, cuya capital es un bastión de políticos y dirigentes empresariales opositores a Morales.
Según las investigaciones, los terroristas tenían previsto formar milicias armadas para defender Santa Cruz de un eventual ataque del Gobierno central y después promover la secesión territorial de ese departamento.
La célula terrorista de Eduardo Rózsa Flores, fue desarticulada por la Policía el 16 de abril en un operativo en el Hotel Las Américas de la capital oriental. En esa acción murieron por disparos de armas de fuego Rózsa (boliviano-croata), Árpád Magyarosi (rumano) y Micheal Martin Dwyer (irlandés). Y detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic.
A fines de abril fueron detenidos en Santa Cruz los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Geber Bruno y Alcides Mendoza, por su supuesta participación en la organización de una milicia.
Ambos activistas, según el fiscal Soza, declararon que los financiadores de la célula de Rózsa son Marinkovic; el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, y el titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Pedro Yovhía; además de Hugo Achá, miembro de la Fundación Human Rights.
De acuerdo con la versión del unionista Mendoza, Marinkovic entregó al grupo de Rózsa 200.000 dólares para la compra de armamento y el entrenamiento de combatientes en Santa Cruz.
Nayar, Yovhía y Achá habrían entregado, por separado, otros montos al mercenario boliviano-croata. Soza dijo además que entre los financiadores estaba el prefecto cruceño, Rubén Costas. Estas cinco personas fueron citadas el 5 de mayo por el fiscal Soza para que declaren en La Paz sobre este caso. Pero las declaraciones fueron postergadas por el conflicto de jurisdicción planteado por los distritos de La Paz y Santa Cruz.
Profugos
Melgar tiene el sobrenombre de Lucas y Achá el de Superman. Ambos estarían en Estados Unidos y fueron identificados como parte del grupo intermedio de financiadores de la organización de Eduardo Rózsa.
Los financiadores de Rozsa
El reporte de la UIF señala que “los actos operativos financieros de Carlos Alberto Guillén, Luis Alberto Hurtado, Rony Hurtado, Enrique Vaca, Alejandro Melgar y Hugo Achá están vinculados al tipo penal (de) organización criminal, delito precedente a legitimación de ganancias ilícitas”.
De los seis mencionados en las conclusiones, cinco se autoexiliaron como consecuencia del operativo policial ejecutado la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, donde fueron abatidos Rózsa Flores, Micheal Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (rumano).
El sexto, Carlos Alberto Guillén, permanece en el país. Es vicepresidente del club Blooming y uno de los asesores legales de la firma Lotex, propietaria de los salones de Bingo Bahiti’s, que fue vinculada con el respaldo económico a la milicia.
Esta persona afronta una acusación por indicios de supuestas actividades vinculadas a una organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
En el documento de la UIF se lee que “sobre las casas de juegos, casinos, loterías, bingos y similares, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, las califica como entidades de alto riesgo, por el flujo de dinero”.
El grupo mencionado, cuya sigla es Gafisud, es una organización intergubernamental de los países de Sudamérica para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
José María Peñaranda, principal ejecutivo de Lotex, explicó que el asesor legal de esa compañía, Carlos Guillén, se presentó ante las autoridades correspondientes y entregó “todos los descargos que avalan la transparencia de sus operaciones”.
Peñaranda aseguró que este abogado “no tiene relación alguna con las otras cinco personas mencionadas en ese informe y por ello se presentó espontáneamente a presentar sus declaraciones ante las autoridades correspondientes y no salió del país, como hicieron otros”.
Guillén fue relacionado con Eduardo Rózsa por haber vendido el automóvil en el que, presuntamente en compañía del irlandés Dwyer, se dirigió la noche del martes 14 de abril hacia la residencia del cardenal Julio Terrazas, para colocar un explosivo. El aludido refirió, en aquel momento, que se trató de una operación comercial común y que conoció a Rózsa a través del abogado Alejandro Melgar Pereira.
Implicados
Melgar Pereira, abogado conciliador de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), salió del país el lunes 13 de abril para intervenir en un torneo internacional de tiro deportivo que tuvo lugar en la República Argentina, de donde pasó a Montevideo y de allí a Miami (Estados Unidos).
Sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Migración, la UIF confirmó que Melgar Pereira viajó desde Madrid (España) a Santa Cruz en compañía de Dwyer, Ivan Pistovcak (eslovaco), Gabor Dudog (húngaro), Mario Tádic Astorga (boliviano-croata) y Árpád Magyarosi (rumano).
El jurista mantiene una deuda de 4,29 millones de bolivianos y el Banco Bisa declara incobrable por insolvencia otra deuda de 2,76 millones de bolivianos, pero “resulta haciendo viajes a Europa para reunirse, presumimos, con Dwyer, Pistovcak, Gabor, Tádic y Magyarosi, antes de que éstos llegaran al país”.
Los extranjeros formaron parte de un grupo separatista y ultraderechista rumano.
Sobre ésta y otras cuatro personas pesan indicios de operaciones financieras relacionadas con el requerimiento fiscal a una organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
Luis Alberto Hurtado Vaca, responsable del Comité de Semillas de Santa Cruz y consejero de la telefónica cruceña, hizo pagos a los hoteles Buganvillas, el 23 de diciembre de 2008, y Asturias, el 14 de febrero de 2009, por 18.285,30 bolivianos y 38,63 dólares, en tanto que en esas mismas fechas abona las sumas de 6.839,80 y 6.850 bolivianos, “presumiblemente para pagar el hospedaje de Pistovcak y Dudog”.
Según el reporte dirigido a Soza, éste “era uno de los destinatarios de todos los dineros ilícitos enviados por Rony Hurtado Vaca, el Comité de Semillas de Santa Cruz, la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y otros para posteriormente utilizarlos con fines ilícitos”.
Rony Hurtado Vaca, hermano del anterior, transfirió 7.010 bolivianos a la cuenta de Luis Alberto Vaca, y le giró cheques por 3.500 y 7.000 bolivianos, en tanto que hizo pagos por 9.052,74 y 37.499 a dos agencias de viajes y turismo, “presumimos para el pago de pasajes de los extranjeros que llegaron de Madrid”.
Enrique Vaca Pedraza, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz, donde la célula estableció su base de operaciones, emitió, el 22 de octubre de 2008, un cheque por 7.000 bolivianos a favor de Rony Hurtado Vaca.
Hugo Antonio Achá Melgar, ex presidente de Human Rights Foundation Bolivia (HRF-Bolivia), analista político y esposo de la diputada Rozana Gentile, de Unidad Nacional (UN), mantiene una cuenta corriente en moneda extranjera registrada a nombre de Entretenimiento y Diversión Antares, de la que es representante legal y socio, de cuya información “se infiere la existencia de presuntos indicios de la comisión de delito de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal. El sujeto investigado no se encontraría en el país”.
La UIF no encontró indicios sospechosos sobre las demás 20 personas de la nómina.
La FELCN sólo señala a Guedes
La Unidad de Investigaciones Financieras solicitó un informe a la División de Registro y Archivo del Departamento Nacional de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que certificó que de las 26 personas investigadas, sólo Juan Carlos Guedes Bruno, imputado por terrorismo pues confesó haber vendido un arma de marca Brno a Eduardo Rózsa Flores, tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes.
“En fecha 6 de diciembre de 1991 fue detenido por funcionarios de la Policía del Juzgado Policial de la avenida Pando, por una deuda de 200 bolivianos, luego fue transferido a las oficinas de la FELCN- La Paz, por encontrarse en su domicilio siete paquetes envueltos con cinta masking conteniendo 5.310 gramos de sulfato base de cocaína”.
Guedes declaró en aquella oportunidad que nació el 21 de septiembre de 1965 en Trinidad, divorciado y dibujante; aunque al ser arrestado, el 29 de abril de este año, dijo que se dedica a la pesca y que su sobrenombre es “Capitán Bruno”, porque maneja una lancha con la que sale en busca de peces en los ríos del departamento de Beni para venderlos, posteriormente, en los mercados de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Las demás personas no registraron antecedentes por delitos contra la Ley 1008 hasta el 17 de mayo de 2009.
Migración da datos incompletos
De acuerdo con los informes proporcionados por la Dirección General de Migración, el flujo migratorio de las personas investigadas empezó en noviembre de 2007. Incluso, cuatro de ellas ingresaron en territorio nacional en tres oportunidades, en noviembre de 2007, 2008 y febrero de 2009, aunque no se hallan debidamente registradas las fechas de salida, pues el reporte no es completo.
Sin embargo, en el cuadro resumen presentado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo se señala una fecha de llegada al Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El irlandés Micheal Martin Dwyer llegó a Bolivia el 17 de noviembre de 2007 proveniente de Madrid. Fue uno de los presuntos mercenarios abatidos el 16 de abril en el hotel Las Américas.
El eslovaco Ivan Pistovcak y el húngaro Dudog Gabor llegaron a Santa Cruz el 17 de noviembre de 2008, procedentes de Madrid. No figuran fechas de salida del país.
El boliviano-croata Mario Francisco Tádic Astorga llegó al aeropuerto cruceño el 11 de febrero de este año. Desde el 17 de abril permanece recluido en el penal de San Pedro, en La Paz.
Entretanto, el rumano Árpád Magyarosi lo hizo el 21 de febrero de 2009 y murió la madrugada del 16 de abril en Santa Cruz.
El húngaro Tamás Lajos Nagy no tiene registrada una fecha de ingreso a Bolivia, pero sí se sabe que salió el 4 de mayo de 2007 desde La Paz con destino a Arica, Iquique y Santiago de Chile. Existen registros de que esta persona se hospedó entre noviembre y diciembre del año pasado en el hotel Buganvillas, que incluso cuenta en sus archivos con fotocopias de su pasaporte, pero Migración carece de los datos de su llegada y regreso a Europa.
Alejandro Melgar Pereira salió de Bolivia el 12 de abril de 2006 desde Cochabamba hacia Buenos Aires y llegó el 14 de septiembre de 2007 a Santa Cruz desde Madrid.
Carlos Alberto Guillén Moreno llegó a La Paz procedente de Lima el 17 de marzo de 2006; el 8 de junio de 2008 partió de Viru Viru con destino a Sao Paulo (Brasil); el 13 de junio del año pasado volvió a Santa Cruz proveniente de Buenos Aires y el 25 de ese mismo mes partió a Sao Paulo y retornó desde la capital argentina el 28 de junio. Aunque no se reporta una fecha de salida, Migración informa que Guillén regresó a Viru Viru el 2 de octubre del año pasado, desde la ciudad de Buenos Aires.
Enrique Vaca Pedraza, funcionario de la Feria Exposición, viajó el 8 de octubre de 2008 desde la capital cruceña hasta Salta (Argentina) y regresó a la capital cruceña dos días más tarde proveniente de Asunción del Paraguay.
Las 26 personas investigadas
1. Alcides Mendoza Masavi C.I. 3027349 S.C.
2. Alejandro Melgar Pereira C.I. 1981199 S.C.
3. Carlos A. Baldivieso Velasco C.I. 1497430 S.C.
4. Carlos A. Guillén Moreno C.I. 1558859 S.C.
5. Martin Micheal Dwyer B551543 Irlanda
6. Elöd Tóásó BA9916809
7. Enrique Vaca Pedraza C.I. 2920221 S.C.
8. Gabor Dudog ZJ0955376 Hungría
9. Daniel Gáspar ZJ822243 Hungría
10. Gyorgy Rózsa BA9700208 Hungría
11. Héctor Laguna P. C.I. 1998156
12. Hugo A. Achá M. C.I. 3829378 S.C.
13. Jorge E. Rózsa Flores C.I. 4621818 S.C.
14. Jorge Hurtado Flores C.I. 1251746 PT.
15. Juan Carlos Guedes Bruno C.I. 1784360 S.C.
16. Juan Kudelca N/D
17. Juan Líder Paz Castro C.I. 1532846 S.C.
18. Luis Alberto Hurtado Vaca C.I. 2818155 S.C.
19. Luis Alberto Vaca Pedraza N/D
20. Árpád Magyarosi 10093422 Rumanía
21. Mario Bruno León Hart N/D
22. Mario F. Tádic Astorga C.I. 966677 CB.
23. Ivan Pistovcak 4597413 Eslovaquia
24. Rony Hurtado Vaca C.I. 2818156 S.C.
25. Tamas Lajos Nagy ZJ 264746 Hungría
26. Tibor Révezs ZE 368101 Hungría
Investigación
La Unidad de Investigaciones Financieras recibió un requerimiento fiscal el 11 de mayo.
El fiscal de Recursos de La Paz, Marcelo Soza, formuló la orden correspondiente.
La respuesta llegó el 25 de junio. La indagación abarcó a Migración y a la FELCN.
Datos
El responsable del informe es Armando Ballesteros, jefe interino de Análisis Financiero.
Michael Baptista, analista informático de la UIF, elaboró también el reporte.
La parte jurídica y legal del documento es responsabilidad del abogado Vidal Machicado
LA PRENSA
De los seis mencionados en las conclusiones, cinco se autoexiliaron como consecuencia del operativo policial ejecutado la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, donde fueron abatidos Rózsa Flores, Micheal Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (rumano).
El sexto, Carlos Alberto Guillén, permanece en el país. Es vicepresidente del club Blooming y uno de los asesores legales de la firma Lotex, propietaria de los salones de Bingo Bahiti’s, que fue vinculada con el respaldo económico a la milicia.
Esta persona afronta una acusación por indicios de supuestas actividades vinculadas a una organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
En el documento de la UIF se lee que “sobre las casas de juegos, casinos, loterías, bingos y similares, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, las califica como entidades de alto riesgo, por el flujo de dinero”.
El grupo mencionado, cuya sigla es Gafisud, es una organización intergubernamental de los países de Sudamérica para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
José María Peñaranda, principal ejecutivo de Lotex, explicó que el asesor legal de esa compañía, Carlos Guillén, se presentó ante las autoridades correspondientes y entregó “todos los descargos que avalan la transparencia de sus operaciones”.
Peñaranda aseguró que este abogado “no tiene relación alguna con las otras cinco personas mencionadas en ese informe y por ello se presentó espontáneamente a presentar sus declaraciones ante las autoridades correspondientes y no salió del país, como hicieron otros”.
Guillén fue relacionado con Eduardo Rózsa por haber vendido el automóvil en el que, presuntamente en compañía del irlandés Dwyer, se dirigió la noche del martes 14 de abril hacia la residencia del cardenal Julio Terrazas, para colocar un explosivo. El aludido refirió, en aquel momento, que se trató de una operación comercial común y que conoció a Rózsa a través del abogado Alejandro Melgar Pereira.
Implicados
Melgar Pereira, abogado conciliador de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), salió del país el lunes 13 de abril para intervenir en un torneo internacional de tiro deportivo que tuvo lugar en la República Argentina, de donde pasó a Montevideo y de allí a Miami (Estados Unidos).
Sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Migración, la UIF confirmó que Melgar Pereira viajó desde Madrid (España) a Santa Cruz en compañía de Dwyer, Ivan Pistovcak (eslovaco), Gabor Dudog (húngaro), Mario Tádic Astorga (boliviano-croata) y Árpád Magyarosi (rumano).
El jurista mantiene una deuda de 4,29 millones de bolivianos y el Banco Bisa declara incobrable por insolvencia otra deuda de 2,76 millones de bolivianos, pero “resulta haciendo viajes a Europa para reunirse, presumimos, con Dwyer, Pistovcak, Gabor, Tádic y Magyarosi, antes de que éstos llegaran al país”.
Los extranjeros formaron parte de un grupo separatista y ultraderechista rumano.
Sobre ésta y otras cuatro personas pesan indicios de operaciones financieras relacionadas con el requerimiento fiscal a una organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
Luis Alberto Hurtado Vaca, responsable del Comité de Semillas de Santa Cruz y consejero de la telefónica cruceña, hizo pagos a los hoteles Buganvillas, el 23 de diciembre de 2008, y Asturias, el 14 de febrero de 2009, por 18.285,30 bolivianos y 38,63 dólares, en tanto que en esas mismas fechas abona las sumas de 6.839,80 y 6.850 bolivianos, “presumiblemente para pagar el hospedaje de Pistovcak y Dudog”.
Según el reporte dirigido a Soza, éste “era uno de los destinatarios de todos los dineros ilícitos enviados por Rony Hurtado Vaca, el Comité de Semillas de Santa Cruz, la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y otros para posteriormente utilizarlos con fines ilícitos”.
Rony Hurtado Vaca, hermano del anterior, transfirió 7.010 bolivianos a la cuenta de Luis Alberto Vaca, y le giró cheques por 3.500 y 7.000 bolivianos, en tanto que hizo pagos por 9.052,74 y 37.499 a dos agencias de viajes y turismo, “presumimos para el pago de pasajes de los extranjeros que llegaron de Madrid”.
Enrique Vaca Pedraza, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz, donde la célula estableció su base de operaciones, emitió, el 22 de octubre de 2008, un cheque por 7.000 bolivianos a favor de Rony Hurtado Vaca.
Hugo Antonio Achá Melgar, ex presidente de Human Rights Foundation Bolivia (HRF-Bolivia), analista político y esposo de la diputada Rozana Gentile, de Unidad Nacional (UN), mantiene una cuenta corriente en moneda extranjera registrada a nombre de Entretenimiento y Diversión Antares, de la que es representante legal y socio, de cuya información “se infiere la existencia de presuntos indicios de la comisión de delito de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal. El sujeto investigado no se encontraría en el país”.
La UIF no encontró indicios sospechosos sobre las demás 20 personas de la nómina.
La FELCN sólo señala a Guedes
La Unidad de Investigaciones Financieras solicitó un informe a la División de Registro y Archivo del Departamento Nacional de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que certificó que de las 26 personas investigadas, sólo Juan Carlos Guedes Bruno, imputado por terrorismo pues confesó haber vendido un arma de marca Brno a Eduardo Rózsa Flores, tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes.
“En fecha 6 de diciembre de 1991 fue detenido por funcionarios de la Policía del Juzgado Policial de la avenida Pando, por una deuda de 200 bolivianos, luego fue transferido a las oficinas de la FELCN- La Paz, por encontrarse en su domicilio siete paquetes envueltos con cinta masking conteniendo 5.310 gramos de sulfato base de cocaína”.
Guedes declaró en aquella oportunidad que nació el 21 de septiembre de 1965 en Trinidad, divorciado y dibujante; aunque al ser arrestado, el 29 de abril de este año, dijo que se dedica a la pesca y que su sobrenombre es “Capitán Bruno”, porque maneja una lancha con la que sale en busca de peces en los ríos del departamento de Beni para venderlos, posteriormente, en los mercados de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Las demás personas no registraron antecedentes por delitos contra la Ley 1008 hasta el 17 de mayo de 2009.
Migración da datos incompletos
De acuerdo con los informes proporcionados por la Dirección General de Migración, el flujo migratorio de las personas investigadas empezó en noviembre de 2007. Incluso, cuatro de ellas ingresaron en territorio nacional en tres oportunidades, en noviembre de 2007, 2008 y febrero de 2009, aunque no se hallan debidamente registradas las fechas de salida, pues el reporte no es completo.
Sin embargo, en el cuadro resumen presentado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo se señala una fecha de llegada al Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
El irlandés Micheal Martin Dwyer llegó a Bolivia el 17 de noviembre de 2007 proveniente de Madrid. Fue uno de los presuntos mercenarios abatidos el 16 de abril en el hotel Las Américas.
El eslovaco Ivan Pistovcak y el húngaro Dudog Gabor llegaron a Santa Cruz el 17 de noviembre de 2008, procedentes de Madrid. No figuran fechas de salida del país.
El boliviano-croata Mario Francisco Tádic Astorga llegó al aeropuerto cruceño el 11 de febrero de este año. Desde el 17 de abril permanece recluido en el penal de San Pedro, en La Paz.
Entretanto, el rumano Árpád Magyarosi lo hizo el 21 de febrero de 2009 y murió la madrugada del 16 de abril en Santa Cruz.
El húngaro Tamás Lajos Nagy no tiene registrada una fecha de ingreso a Bolivia, pero sí se sabe que salió el 4 de mayo de 2007 desde La Paz con destino a Arica, Iquique y Santiago de Chile. Existen registros de que esta persona se hospedó entre noviembre y diciembre del año pasado en el hotel Buganvillas, que incluso cuenta en sus archivos con fotocopias de su pasaporte, pero Migración carece de los datos de su llegada y regreso a Europa.
Alejandro Melgar Pereira salió de Bolivia el 12 de abril de 2006 desde Cochabamba hacia Buenos Aires y llegó el 14 de septiembre de 2007 a Santa Cruz desde Madrid.
Carlos Alberto Guillén Moreno llegó a La Paz procedente de Lima el 17 de marzo de 2006; el 8 de junio de 2008 partió de Viru Viru con destino a Sao Paulo (Brasil); el 13 de junio del año pasado volvió a Santa Cruz proveniente de Buenos Aires y el 25 de ese mismo mes partió a Sao Paulo y retornó desde la capital argentina el 28 de junio. Aunque no se reporta una fecha de salida, Migración informa que Guillén regresó a Viru Viru el 2 de octubre del año pasado, desde la ciudad de Buenos Aires.
Enrique Vaca Pedraza, funcionario de la Feria Exposición, viajó el 8 de octubre de 2008 desde la capital cruceña hasta Salta (Argentina) y regresó a la capital cruceña dos días más tarde proveniente de Asunción del Paraguay.
Las 26 personas investigadas
1. Alcides Mendoza Masavi C.I. 3027349 S.C.
2. Alejandro Melgar Pereira C.I. 1981199 S.C.
3. Carlos A. Baldivieso Velasco C.I. 1497430 S.C.
4. Carlos A. Guillén Moreno C.I. 1558859 S.C.
5. Martin Micheal Dwyer B551543 Irlanda
6. Elöd Tóásó BA9916809
7. Enrique Vaca Pedraza C.I. 2920221 S.C.
8. Gabor Dudog ZJ0955376 Hungría
9. Daniel Gáspar ZJ822243 Hungría
10. Gyorgy Rózsa BA9700208 Hungría
11. Héctor Laguna P. C.I. 1998156
12. Hugo A. Achá M. C.I. 3829378 S.C.
13. Jorge E. Rózsa Flores C.I. 4621818 S.C.
14. Jorge Hurtado Flores C.I. 1251746 PT.
15. Juan Carlos Guedes Bruno C.I. 1784360 S.C.
16. Juan Kudelca N/D
17. Juan Líder Paz Castro C.I. 1532846 S.C.
18. Luis Alberto Hurtado Vaca C.I. 2818155 S.C.
19. Luis Alberto Vaca Pedraza N/D
20. Árpád Magyarosi 10093422 Rumanía
21. Mario Bruno León Hart N/D
22. Mario F. Tádic Astorga C.I. 966677 CB.
23. Ivan Pistovcak 4597413 Eslovaquia
24. Rony Hurtado Vaca C.I. 2818156 S.C.
25. Tamas Lajos Nagy ZJ 264746 Hungría
26. Tibor Révezs ZE 368101 Hungría
Investigación
La Unidad de Investigaciones Financieras recibió un requerimiento fiscal el 11 de mayo.
El fiscal de Recursos de La Paz, Marcelo Soza, formuló la orden correspondiente.
La respuesta llegó el 25 de junio. La indagación abarcó a Migración y a la FELCN.
Datos
El responsable del informe es Armando Ballesteros, jefe interino de Análisis Financiero.
Michael Baptista, analista informático de la UIF, elaboró también el reporte.
La parte jurídica y legal del documento es responsabilidad del abogado Vidal Machicado
LA PRENSA
3/9/09
Las funciones del contralor
La toma política de la Contraloría General de la República por parte del Gobierno y la designación en el cargo de Contralor de un connotado dirigente del partido de Gobierno y diputado nacional, se ha constituido en el hecho que vulnera el principio de independencia, premisa principal que debe cumplir un auditor, para que sus opiniones tengan legitimidad.
Al Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Fiscalía General de la República, se ha sumado la destrucción de la Contraloría General de la República, sin embargo en este último caso se advierte un alto interés de carácter político-estratégico a diferencia del resto de los otros órganos públicos antes señalados; su control busca objetivos políticos muy concretos, es intimidar a la oposición mediante el uso politico de los pliegos de cargo, informes de responsabilidades por el ejercicio de la función pública y encubrimiento de los correligionarios.
Uso del Pliego de cargo, para linchar a los adversarios políticos que tengan pretensiones electorales, mediante la asignación de responsabilidades por la función pública y emisión de pliegos de cargo, a efecto de ingresarlos en las causales de inhabilitación de candidatos a cualquier cargo de elección popular. Objetivo se viene montando de forma sistemática y focalizada con algunas autoridades de prefecturas y gobiernos municipales, cuyo punto culminante será el proceso electoral de abril.
Uso de informes o dictámenes parcializados, que generan consecuencia mediaticas para persecución de persecución de autoridades públicas no afines al Gobierno, a título de lucha contra la corrupción, vulnerando los sagrados principios constitucionales de inocencia, defensa y debido proceso.
Encubrimiento de actos dolosos y de corrupción que se conocen constantemente en las esferas gubernamentales, mediante denuncias públicas, probadas e incluso aceptados en algunos casos por el Gobierno, como ocurre con las indemnizaciones por las nacionalizaciones, ABC, sin mumero de Municipios en manos de MASISTAS, que sumados significan millones de dólares de daño económico causados al Estado.
Las funciones realmente desarrolladas por el actual contralor, revela los fines de su presencia y la toma política de este órgano de control fiscal.
Al Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Fiscalía General de la República, se ha sumado la destrucción de la Contraloría General de la República, sin embargo en este último caso se advierte un alto interés de carácter político-estratégico a diferencia del resto de los otros órganos públicos antes señalados; su control busca objetivos políticos muy concretos, es intimidar a la oposición mediante el uso politico de los pliegos de cargo, informes de responsabilidades por el ejercicio de la función pública y encubrimiento de los correligionarios.
Uso del Pliego de cargo, para linchar a los adversarios políticos que tengan pretensiones electorales, mediante la asignación de responsabilidades por la función pública y emisión de pliegos de cargo, a efecto de ingresarlos en las causales de inhabilitación de candidatos a cualquier cargo de elección popular. Objetivo se viene montando de forma sistemática y focalizada con algunas autoridades de prefecturas y gobiernos municipales, cuyo punto culminante será el proceso electoral de abril.
Uso de informes o dictámenes parcializados, que generan consecuencia mediaticas para persecución de persecución de autoridades públicas no afines al Gobierno, a título de lucha contra la corrupción, vulnerando los sagrados principios constitucionales de inocencia, defensa y debido proceso.
Encubrimiento de actos dolosos y de corrupción que se conocen constantemente en las esferas gubernamentales, mediante denuncias públicas, probadas e incluso aceptados en algunos casos por el Gobierno, como ocurre con las indemnizaciones por las nacionalizaciones, ABC, sin mumero de Municipios en manos de MASISTAS, que sumados significan millones de dólares de daño económico causados al Estado.
Las funciones realmente desarrolladas por el actual contralor, revela los fines de su presencia y la toma política de este órgano de control fiscal.
La Sala Penal decide que Tapia Pachi juzgue
La Sala Penal Tercera de la Corte de Justicia de Santa Cruz resolvió ayer que el juez cruceño Luis Hernando Tapia Pachi debe “conocer, juzgar e investigar” los hechos relacionados con la milicia irregular liderada por Eduardo Rózsa Flores.
Los jueces cruceños Jacinto Morón, Teresa Vera y Teresa Lourdes Ardaya emitieron ayer el fallo correspondiente, aunque la decisión fue rechazada por el Gobierno y los magistrados paceños Blanca Alarcón y William Alave.
Al final de la tarde, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, anunció que iniciarán un juicio contra los vocales Vera y Ardaya por no acatar la resolución de amparo que, en su criterio, radica el caso en La Paz.
El jueves 27, ese tribunal declaró procedente la acción de amparo constitucional presentada por el fiscal Marcelo Soza contra los jueces Tapia Pachi y Betty Yañíquez, de La Paz, así como contra la Sala Penal Segunda de Santa Cruz. El director jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, sostuvo ayer que esa sentencia “está fuera de toda lógica jurídica” y dijo que el fallo es “encubridor, ilegal y hasta delictivo”, por lo que enjuiciará a quienes firmaron esa orden ilegal.
Con base en esa decisión judicial, el fiscal Marcelo Soza citó entre lunes y martes a declarar a Branko Marinkovic, ex presidente del Comité pro Santa Cruz, y a David Sejas, Alfredo Saucedo y Róger Martínez, ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, así como a representantes de unas diez instituciones de Santa Cruz.
Los jueces cruceños Jacinto Morón, Teresa Vera y Teresa Lourdes Ardaya emitieron ayer el fallo correspondiente, aunque la decisión fue rechazada por el Gobierno y los magistrados paceños Blanca Alarcón y William Alave.
Al final de la tarde, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, anunció que iniciarán un juicio contra los vocales Vera y Ardaya por no acatar la resolución de amparo que, en su criterio, radica el caso en La Paz.
El jueves 27, ese tribunal declaró procedente la acción de amparo constitucional presentada por el fiscal Marcelo Soza contra los jueces Tapia Pachi y Betty Yañíquez, de La Paz, así como contra la Sala Penal Segunda de Santa Cruz. El director jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, sostuvo ayer que esa sentencia “está fuera de toda lógica jurídica” y dijo que el fallo es “encubridor, ilegal y hasta delictivo”, por lo que enjuiciará a quienes firmaron esa orden ilegal.
Con base en esa decisión judicial, el fiscal Marcelo Soza citó entre lunes y martes a declarar a Branko Marinkovic, ex presidente del Comité pro Santa Cruz, y a David Sejas, Alfredo Saucedo y Róger Martínez, ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, así como a representantes de unas diez instituciones de Santa Cruz.
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