Medios brasileños afirma que el Gobierno boliviano podrían haber armado un “falso golpe”, con la desarticulación del presunto grupo terrorista-separatista de Eduardo Rozsa, para incriminar a la oposición.
“Según el Gobierno, el grupo formaba una célula terrorista que planeaba asesinar a Morales. Treinta y nueve nombres de opositores acabaron implicados en el caso. Las inconsistencias fueron flagrantes desde el inicio, pero sin una investigación independiente, con pruebas aceptables, es imposible tener certeza de los hechos reales”, señala el periodista Duda Teixeira.
La nota también hace mención al reciente episodio del denominado ‘video-soborno’, en el que se ve implicado Ignacio Villa Vargas. “Si el video es auténtico, se puede concluir que el ex empleado de Rozsa recibió dinero para acusar a la oposición de conspirar criminalmente contra Evo Morales”, señala.
Los vinculados del gobierno:
Carlos Núñez del Prado acusado a sobornar al testigo clave. La versión relatada por El Viejo a la Policía antes de su “desaparición”, y por otros perseguidos, derivó en la detención y posterior imputación de cerca de cuarenta dirigentes cívicos, terratenientes, opositores y otros adversarios del gobierno.
El mayor Walter Andrade, que aparece en fotografías con Rozsa, también desapareció y su unidad policial que fue desarticulada por el gobierno.
Marilyn Vargas, “Karen”, que filmó el operativo de ataque al grupo de Rozsa, en el que se puede ver que los propios policías introducen “pruebas” al hotel donde murieron los “terroristas”. El gobierno también prometió una investigación de estos hechos pero no se hizo nada.
¿El Viejo no es miembro (por eso está imputado) del grupo de extrema derecha que intentó la separación del departamento de Santa Cruz? ¿Ese grupo no estaba detrás de un plan de magnicidio y otras cosas terribles? Por qué entonces el gobierno le entrega 31.500 dólares al Viejo, como “último” dinero (así se escucha en el video) para que abandone el país.
La duda de que en Bolivia se pueda realizar un juicio imparcial, lo correcto sería acudir al Tribunal Internacional de La Haya, donde Evo podría responder a cuatro acusaciones: asesinato, privación de libertad, tortura y persecución política. “Morales no escaparía en una corte internacional”, concluye la nota.
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